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Gente Mayor. / ARCHIVO

El Parlament ha dado este miércoles el primer paso para aprobar una nueva ley destinada a reforzar los derechos de las personas mayores. La proposición de ley para ello ha superado el debate de totalidad en el pleno de la Cámara catalana, lo que permite que el texto continúe ahora su tramitación parlamentaria en comisión. La iniciativa, impulsada por el PSC, ha salido adelante pese a la enmienda de rechazo presentada por Vox. El PP catalán se ha abstenido y el resto han votado en contra del veto.

La propuesta parte de la premisa de que el envejecimiento de la población es uno de los grandes retos sociales de Catalunya, donde aproximadamente una quinta parte de los ciudadanos tiene más de 65 años. Con esta norma, los impulsores pretenden "recoger y blindar" los derechos de las personas mayores y adaptar las políticas públicas a una sociedad cada vez más envejecida.

Uno de los puntos más destacados del texto es la introducción de un plazo máximo de seis meses para que las personas dependientes puedan acceder a las prestaciones una vez reconocido su grado de dependencia. El objetivo es reducir los largos tiempos de espera que actualmente sufren muchas familias para recibir ayudas o servicios.

El Parlament de Catalunya. / Manu Mitru / EPC

La proposición también reconoce el derecho de las personas mayores a vivir en su hogar habitual y recibir allí los servicios asistenciales necesarios siempre que sea posible, en línea con las políticas de atención centradas en la persona y de desinstitucionalización progresiva.

En el ámbito residencial, la ley plantea una reforma del sistema de inspección de residencias, que deberá transformarse en un plazo de dos años. Además, se prevé la creación de un expediente único sociosanitario, que integrará la información social y sanitaria del usuario con el fin de mejorar la coordinación entre servicios.

El texto también incluye medidas para fomentar la participación y el envejecimiento activo. Entre ellas figura la creación de consejos de participación en todos los centros residenciales, casales o centros de día, ya sean públicos o privados, así como la puesta en marcha de un observatorio de la gente mayor que analice la situación de este colectivo.

El defensor de los derechos de la gente mayor

La proposición aborda además la lucha contra el edadismo y los estereotipos negativos asociados a la vejez, y contempla políticas específicas para prevenir la discriminación de personas mayores LGBTI. Otra de las novedades es la creación de un servicio gratuito de asesoramiento financiero destinado a proteger a las personas mayores frente a posibles casos de expoliación patrimonial o abusos económicos.

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En el terreno institucional, la iniciativa prevé la creación de la figura del defensor de los derechos de la gente mayor, que se integraría dentro del Síndic de Greuges para supervisar posibles vulneraciones y canalizar quejas. En ese sentido, el régimen sancionador también se refuerza y las infracciones más graves podrían conllevar multas de hasta 500.000 euros.

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