La estrategia de Aldama ante el Supremo: ser "nexo" con las constructoras y negar comisiones concretas por mascarillas
Juicio en el Tribunal Supremo
La estrategia de Aldama ante el Supremo: ser "nexo" con las constructoras y negar comisiones concretas por mascarillas
El comisionista se ha aferrado al cumplimiento de un pacto que mantuvo incluso tras la salida de Ábalos del Gobierno para justificar entregas de dinero y regalos continuos entre 2019 y 2022
Aldama insinúa que Jéssica Rodríguez tenía un vídeo comprometedor de Ábalos
La esperada declaración del empresario Víctor de Aldama en el juicio por el caso Koldo en el Tribunal Supremo se extendió durante casi ocho horas sin apenas interrupciones por parte del fiscal jefe Anticorrupción y los abogados de la acusación y la defensa. El comisionista reconoció el pago de entre 3,5 y 4 millones de euros al exministro José Luis Ábalos y su asesor entre 2019 y 2022, y que lo habría hecho en cumplimiento de un pacto en el que él hizo de simple nexo entre las constructoras interesadas en obtener adjudicaciones públicas y el entonces secretario de Organización del PSOE. Aldama obtenía "notoriedad" y "poder" para sus diferentes negocios y Ábalos y su asesor lograban efectivo y diversos regalos, además de financiación para el partido.
Sin embargo, y dentro de su propia estrategia de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, coordinada por el prestigioso penalista José Antonio Choclán, el comisionista no ha tenido más remedio que reconocer un papel que va más allá de ser un simple intermediario entre las constructoras y el PSOE.
Así, ha mantenido que el adelantaba los pagos regulares y constantes al ministro y su asesor (en el Ministerio o en la propia vivienda de José Luis Ábalos) cuando las adjudicatarias de obra no podían hacer frente a los mismos por diversas razones. Otra parte del dinero (y los gastos por el disfrute por Ábalos del chalet en La Alcaidesa) fue aportado por empresas de hidrocarburos de su entorno de influencia como era Villafuel, que buscaba una licencia del Gobierno para poder operar.
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