Los Comuns exigen al Govern "unificar" las dos zonas tensionadas para evitar distintas "intepretaciones" sobre los grandes tenedores
Los Comuns exigen al Govern "unificar" las dos zonas tensionadas para evitar distintas "intepretaciones" sobre los grandes tenedores
ERC atribuye la diferenciación de áreas a "lagunas" de la ley estatal de vivienda y acusa a algunos propietarios de usar la "picaresca" para seguir "enriqueciéndose"
5 viviendas en una misma zona tensionada: Catalunya aclara quién se considerará gran tenedor
La presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, en el Parlament / Lorena Sopêna - Europa Press / Europa Press
La respuesta del Govern a los notarios catalanes sobre cuántos pisos te convierten en un "gran tenedor" en Catalunya, avanzada por EL PERIÓDICO, ha generado revuelo político. Según el Executiu catalán, a efectos fiscales, adquieren esta condición los propietarios de cinco inmuebles o más en una misma zona tensionada. El matiz de "en una misma zona" es importante porque actualmente existen dos áreas: una primera que agrupa 140 municipios, incluyendo el área metropolitana de Barcelona y otras áreas urbanas con fuerte presión del alquiler; y una segunda con 131 municipios adicionales. Por lo tanto, poseer tres viviendas en la primera zona y dos en la segunda evita el recargo fiscal, al no alcanzarse el mínimo exigido en una misma área.
Los Comuns, que han hecho de la vivienda su principal caballo de batalla en las negociaciones con el Govern, no comparten esta "interpretación". Fuentes del partido consultadas por este diario defienden que deberían considerarse "grandes tenedores" todos los propietarios que tengan más de cinco pisos, "independientemente de la zona tensionada donde estén las viviendas". Ante esta situación, el partido liderado por Jéssica Albiach ya ha reclamado una rectificación al Govern. "Esta situación desvirtúa el sentido legislativo", advierten desde los Comuns, que exigen al Govern rectificar los criterios o "unificar" las dos zonas durante "la renovación de las zonas tensionadas para los próximos tres años, que corresponde realizar este año".
ERC, por su parte, atribuye esta diferenciación geográfica a "lagunas" de la ley estatal de vivienda. "Hemos criticado en diversas ocasiones la forma en que está hecha la ley y que ello implique dos zonas tensionadas", manifiestan fuentes de los republicanos, que recuerdan que su voluntad era que los 131 municipios que se añadieron posteriormente como localidades con dificultades habitacionales fueran considerados "una ampliación de la primera zona, y no una nueva zona". "Esto evitaría uno de los vacíos de la ley que, como este, algunos grandes propietarios aprovechan para hacer picaresca y seguir enriqueciéndose desmesuradamente a costa de un derecho como es la vivienda", rematan.
La CUP también considera la diferenciación contraria "al sentido común" y, además, pide que se declare zona tensionada "toda Catalunya". "El derecho a la vivienda está en crisis en el conjunto del país, aunque se exprese de formas diferentes, desde La Seu d’Urgell hasta las Terres de l’Ebre", ha declarado la diputada Laure Vega en declaraciones a EL PERIÓDICO.
Junts acusa al Govern de "propaganda"
En cambio, la diputada de Junts Judith Toronjo también critica a Salvador Illa, pero por motivos diferentes. "Nos encontramos una vez más con los cambios de rumbo del Govern, que legisla a base de titulares para satisfacer las mayorías del tripartito, pero sin una estrategia real para resolver el problema de la vivienda", ha expresado la encargada de la cuestión habitacional a este diario. Para los posconvergentes, el Executiu "desdibuja el concepto de gran tenedor" al equiparar "a pequeños y medianos propietarios con grandes actores del mercado". El partido denuncia que "se traslada la responsabilidad de las políticas sociales a los particulares" para no "asumirla desde la administración".
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"El Govern insiste en medidas intervencionistas y erráticas, sin abordar las causas estructurales que no son otras que la falta de oferta, el exceso de burocracia y la ausencia de incentivos fiscales. Mucha propaganda y ninguna solución para garantizar el acceso a la vivienda", remata la parlamentaria, que considera las medidas de Illa en vivienda "intervencionistas y erráticas".
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