Enmiendas del Govern y de ERC

¿Serán obligatorias las lenguas cooficiales en la regularización de inmigrantes?

Seis claves de la regularización de 500.000 inmigrantes: beneficiarios y requisitos

Manifestación en Barcelona a favor de la regularización / Marc Asensio Clupes / EPC

La regularización de inmigrantes aprobada por el Gobierno el pasado 28 de enero podría beneficiar a 500.000 migrantes, de los cuales 150.000 en Catalunya. Actualmente, el real decreto se encuentra en fase de audiencia pública, lo que significa que aún se pueden hacer aportaciones, que podrán ser aprobadas o rechazadas antes de que el texto sea definitivo. Entre las enmiendas recibidas están las realizadas por el Govern de la Generalitat y por ERC. Las dos proponen que el catalán se tenga en cuenta durante el proceso. Esto ha provocado duras críticas del PP y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha amenazado con acudir a los tribunales para evitarlo. Sin embargo, ¿será el catalán, el euskera o el gallego un requisito para obtener el permiso de trabajo o residencia?

De momento, no hay sobre la mesa ningún texto definitivo, pero el Gobierno ya ha aclarado que ninguna de las lenguas cooficiales será necesaria para la regularización. La medida, que fue pactada con Podemos, prevé que puedan solicitarlo todos aquellos inmigrantes que no tengan antecedentes penales "relevantes", que estuvieran ya en España el 31 de diciembre de 2025 y que acrediten una estancia continuada de al menos cinco meses en el momento de la presentación de la solicitud. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez sí prevé tener en cuenta el aprendizaje o conocimiento de la lengua en las renovaciones posteriores, tal como piden las enmiendas que la Generalitat y los republicanos.

Fuentes del ministerio explican que "para solicitar la prórroga al cabo de un año de la regularización", los solicitantes se podrán acoger a los itinerarios de arraigo ya existentes, que en Catalunya ya tienen en cuenta los conocimientos de catalán. Los técnicos de la Generalitat encargados de esta tarea valoran, para emitir sus expedientes de arraigo social, si los solicitantes colaboran en entidades sociales, si han tenido hijos en el territorio o si tienen conocimientos de catalán. Este último punto se demuestra habiendo superado por lo menos un curso de 45 horas, o con un test que hacen los técnicos, que también entrevistan al interesado y a su entorno.

Los informes de arraigo social ya son actualmente un punto clave para legalizar la situación de personas migrantes, dado que para muchos es prácticamente imposible conseguir un contrato a jornada completa durante un año o acceder a la universidad, que serían otras formas de regularizar su situación en España. De hecho, el 73% de los trabajadores extracomunitarios ha usado los expedientes de arraigo social para regularizar su situación administrativa.

¿Qué pide el Govern y ERC?

La propuesta realizada por la Generalitat propone que, en la primera renovación del permiso de residencia, "se tenga en cuenta el conocimiento del catalán" y da un año a los inmigrantes que ahora se acojan a la regularización para que "se inicien en el aprendizaje de las lenguas oficiales de las diferentes comunidades autónomas". La iniciativa prevé que sea cada comunidad autónoma la que decida cómo "articula y acredita el conocimiento lingüístico". El Govern aún no ha detallado cuál sería su requisito, si sería haber realizado un curso de catalán o si habría que acreditar un cierto nivel mediante un examen, pero argumenta que el objetivo es "reforzar la integración lingüística como herramienta de cohesión social" y "consolidar el catalán como lengua de inclusión y de participación plena". 

ERC, por su parte, también pide que el aprendizaje y la acreditación del catalán sean "reconocidos en la revisión posterior a la autorización por regularización extraordinaria". Es decir, quieren asegurarse de que esta medida excepcional siga los mismos criterios que los procedimientos habituales, donde el catalán ya se tiene en cuenta. De este modo, alegan los republicanos, el arraigo contempla "una dimensión social y comunitaria", más allá de la administrativa y laboral.

A pesar de que el texto no está cerrado y de que el conocimiento de catalán ya se tiene en cuenta en los informes de arraigo, Ayuso ha amenazado con acudir a los tribunales para evitarlo. "Una vez más, los socialistas pretenden saltarse la ley para construir un país destrozando toda España. La Comunidad de Madrid dará los pasos necesarios en los tribunales contra Sánchez para evitar esta ocurrencia ilegal que, además, es xenófoba", ha avisado en X la presidenta madrileña.

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El Gobierno tiene previsto aprobar el texto definitivo en marzo. Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé que sea a principios del mes de abril.

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