Entrevista al ministro Ángel Víctor Torres tras el pacto PP-Vox en Aragón: "La prioridad nacional es propaganda para conseguir más votos con algo que saben que no pueden ejercer"

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática asegura a este diario, en referencia al reparto de menores migrantes: "Pueden poner a quien quieran en (la consejería de) derechos sociales. La ley es una y se cumple"

VÍDEO | Ángel Víctor Torres, ministro: "La prioridad nacional es propaganda para conseguir más votos con algo que saben que no pueden ejercer"

Su visita a Zaragoza coincide con el inicio de la investidura de Jorge Azcón y el foco, como en Extremadura, está en la "prioridad nacional", que el Gobierno ya anticipó que recurriría.

Para nosotros, la prioridad nacional es que España siga siendo una locomotora económica europea como lo es. Que sigamos subiendo el SMI, apostando por las energías limpias, por la convivencia y también por el respeto a los territorios. Prioridad nacional es tener en cuenta el Estado del Bienestar, la sanidad y la educación pública. También, como comparten la Iglesia y los empresarios, una inmigración regularizada. Todo eso es la prioridad nacional, frente a otros que son vasallos de Donald Trump o Benjamín Netanyahu. Lo que hacen el PP y Vox es competir a ver quién de los dos es más xenófobo y quién vulnera más los derechos humanos.

Entonces, ¿tienen previsto recurrirla?

Mientras yo sea ministro, todo lo que haga cualquier Gobierno influido por la ultraderecha, que vaya contra los derechos humanos, como la derogación de las leyes de memoria o la vulneración de los derechos de los menores no acompañados, lo llevaremos al Tribunal Constitucional. Por supuesto.

En el pacto PP-Vox se habla de "arraigo", un concepto que ya está contemplado en varias prestaciones sociales. ¿Qué diferencia hay con esa prioridad nacional que quieren implantar en Aragón, Extremadura y otras comunidades?

Es que yo creo que ni ellos lo saben. Es decir, hablan de conceptos como el efecto llamada, a raíz de la regularización. ¿Efecto llamada? Si es para los que estaban en España antes de acabar el pasado 2025, con meses de estancia en nuestro país, no para los que puedan llegar. ¿Qué es el arraigo? ¿Que un aragonés que haya estado viviendo en Canarias por trabajo o por estudios, ya no pueda regresar? ¿Significa que cuando un niño va al centro de salud no lo van a atender si es hijo de un inmigrante? Todo es pura mentira y parafernalia y lo único que intentan es ser más extremistas que el otro. Y se equivoca el PP, porque es un partido de Estado. Nada se puede esperar de la ultraderecha y la prueba es que Azcón, a quien felicito por su presidencia, la consigue perdiendo apoyos y dependiendo más de ellos.

Pero el concepto de arraigo ya existía. ¿Por qué consideran que esta interpretación de PP y Vox sobre la prioridad nacional no tendría encaje?

No tiene cobertura constitucional, porque un principio fundamental es la igualdad y hay derechos que están recogidos en la Carta Magna, en la Declaración de los Derechos Humanos y en la Convención de las Naciones Unidas. La prioridad nacional es propaganda para conseguir más votos con algo que saben que no se puede ejercer. Lo digo con claridad, en momentos como este en los que Azcón se dirige a la ciudadanía de Aragón y dice que no va a acoger a ningún menor no acompañado que vengan de otro territorio. Pues lo van a tener que hacer, porque es la ley y la ley hay que respetarla. Es una solidaridad equitativa porque el derecho superior del menor existe, pese a que Vox intente decir que no. Abascal abandonó los Gobiernos autonómicos por 300 menores, y ahora regresa cuando se han reubicado varios miles. Vaya incoherencia, ¿no? Lo que está primando en los pactos PP-Vox es hacer lo que sea para mantener la poltrona y el sillón.

El ministro Ángel Víctor Torres, durante la entrevista con este diario, este martes en Zaragoza. / Laura Trives

La diferencia es que, ahora, la consejería de Bienestar Social va a depender de Vox, que insiste en que no va a acoger a ningún menor extranjero no acompañado.

Partiendo de que es un drama que se le entregue derechos sociales a quienes no creen en ellos, voy a ser claro: pueden poner a quien quieran a llevar derechos sociales, porque la ley es una y se cumple. En tanto en cuanto ellos no tengan una mayoría para modificar o derogar esa ley, tendrán que cumplirla. Ya ha habido idénticas aseveraciones durante este tiempo de otras comunidades autónomas, también Aragón, que han tenido que aceptarlo. Primero, porque están asignados; segundo, porque esa solidaridad ya es obligatoria, aunque debería no serlo y nacer de los propios gobiernos; tercero, porque son menores exactamente iguales a los que vienen de otros lugares de Europa; y cuarto, porque ha habido un Gobierno y un presidente valiente como Pedro Sánchez que ha puesto por delante del rédito electoral la derecha de esos derechos humanos. Lo lamento (ironiza), pero estamos en un Estado democrático constitucional y la Constitución y las leyes hay que cumplirlas.

¿Creen que, con Vox en los Gobiernos autonómicos, la relación interinstitucional es ya del todo irreconciliable?

El problema es que es el Partido Popular el que se ha rendido, el que ha claudicado y el que se ha entregado a la ultraderecha. Esa ultraderecha que es capaz de llamar rata a un miembro de un Consejo de Ministros o mierda al presidente del Gobierno no se merece ningún respeto. Es inaudito que estemos en un........

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