El nuevo presidente chileno se entrega a construir un muro que pretende separar Perú de Chile y una zanja a lo largo de la frontera con Bolivia. Este gesto de aislamiento es una alineación con Trump que representará un gasto estéril

José Antonio Kast saluda a sus seguidores después de asumir este miércoles la Presidencia de Chile. / AILEN DÍAZ / EFE

Mientras el mundo comienza a percibir los efectos de la guerra de Irán y la inflación comienza su camino ascendente, aquí, en Chile, el nuevo presidente Kast no solo se entrega a construir un muro que pretende separar Perú de Chile, y a construir una zanja de tres metros a lo largo de la frontera con Bolivia, ahora militarizada en sus más de ochocientos kilómetros. Este gesto de aislamiento, una alineación con Trump que representará un gasto estéril, se ha acompañado de otros más inquietantes y peligrosos, que testimonian la misma falta de criterio a la hora de comenzar su mandato presidencial.

En efecto, justo cuando los precios de combustible comienzan a subir, con colas apreciables en las gasolineras, Kast ha presentado un plan de reconstrucción económica y fiscal, que recuerda la retórica de su aliado norteamericano. Chile nunca estuvo destruido, así que no tiene sentido hablar de reconstrucción. En realidad, es un plan de ajuste del gasto que tiene como aspiración producir margen para reducir los impuestos a las corporaciones y a los beneficios de capital. Para ello retirará ayudas del Estado en todos los frentes, para trasladar esos gastos a las familias trabajadoras.

Como la primera medida anunciada es la retirada de ayudas a los inmigrantes ilegales, el gobierno confiesa que va a tratar a toda la población chilena de la misma manera. Buena parte de esos inmigrantes trabajan. Ese mercado clandestino de mano de obra seguirá ahí, y ya ocupa a mucha gente en sectores importantes. Sin embargo, no podrán tener ningún tipo de reconocimiento por las instituciones públicas, lo que los convertirá en mano de obra esclava. La medida es pura propaganda, porque esas poblaciones no tenían ayudas. Lo que viene a decir Kast es que se olviden de mejorar su condición social y de tener reconocimiento del Estado. No hay un ICE que los deporte, pero se los condena a una permanente ilegalidad. Es una promesa de deportación en el largo plazo.

Ese plan tiene como finalidad crear la sensación de alarma que abre el espacio a un ajuste dirigido contra las clases medias-bajas, para obturar cualquier avance hacia una situación mejor. El mundo de Kast tiene la aspiración de contener cualquier idea de mejora de las clases populares. Así, se obstaculiza el subsidio de vivienda, que hasta ahora funcionaba para sectores medios-bajos. Este subsidio contribuía a que familias con ingresos regulares y capacidad de ahorro pudieran acceder a una vivienda nueva o construida mediante subvenciones porcentuales, según su estatuto en el Registro Social de Hogares. Eran ayudados a mejorar su situación respecto del punto de partida.

Todo el gasto social se reestructura con este plan. Uno de los más notables es el que ajusta la gratuidad de la enseñanza universitaria, la verdadera clave de todo ascenso social. El sistema vigente hasta ahora lo instauró Bachelet en 2016, porque deseaba acabar con la deuda acumulada de los universitarios, que tenían que recurrir a créditos con avales estatales. Ahora se comienza a erosionar el sistema al que podía acceder el 60 % de los hogares, sin duda con la finalidad de regresar al viejo modelo norteamericano.

Y es que Bachelet está en el punto de mira de Kast como enemiga política. No sólo se la castiga destruyendo su obra, sino negándole el apoyo para postular a la presidencia de las Naciones Unidas, en un gesto de hostilidad sin precedentes a una compatriota, para alinearse con las tesis abolicionistas de Trump de todo derecho internacional. Eso significan las vallas y los muros. Por supuesto, por debajo de todo esto hay un ataque a las Universidades chilenas, así como una voluntad de aislarse del mundo, como se ve en el bloqueo de las becas para doctorados internacionales.

Lo más sorprendente es que todas estas exigencias de limite de gasto se justifiquen con motivos de refuerzo de la seguridad nacional, algo que causa extrañeza en el país más seguro de América Latina. Teniendo en cuenta que las primeras caceroladas ya comienzan a oírse en las barriadas de Santiago, y que las primeras manifestaciones están programadas para este mismo fin de semana, parece que este desvío de fondos hacia gastos de seguridad tiene una finalidad preventiva frente a movimientos sociales que se anuncian.

El colmo de la desfachatez de este plan reside en afirmar que una parte de los fondos se destinarán a la reconstrucción de las zonas devastadas por los incendios, en buena medida provocados por una insuficiente política ecológica a la que ahora se le da la puntilla. Hasta cuarenta y tres decretos emanados de la presidencia de Boric han sido bloqueados. Toda una serie de proyectos que estaban bajo examen por sus consecuencias medioambientales han sido autorizados para facilitar inversiones.

En realidad, el gasto medioambiental va a tener presupuesto cero, porque se van a someter a duro escrutinio todas las partidas. El Parlamento ha pedido explicaciones porque algunas de esas medidas, ahora retiradas, pretendían regular las condiciones de las centrales de gas, protección de especies, garantías de aguas, calidad del aire, saneamiento de lagos. Todo volverá al inicio, con tramitaciones que pueden durar años. La opinión general es que afectará a la salud pública en beneficio de los grandes inversores, que además pagarán menos impuestos por mejorar sus beneficios.

Esto es lo que hay. Quien no quiera ver la diferencia con otros gobiernos europeos, es alguien peor que un ciego mental. Contribuye de forma estúpida a la auto-esclavización de toda una sociedad en favor de los intereses de corporaciones tan despiadadas como sus directivos, y pone a un pueblo entero al servicio de fanáticos ansiosos de un lucro que jamás compartirán.

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