Hay decisiones públicas que, aun cuando nacen de una necesidad legítima, terminan desbordándose hacia terrenos donde causan más daño que el que pretenden reparar. Eso parece estar ocurriendo con el impuesto al patrimonio establecido mediante el Decreto 0173 del pasado 24 de febrero, expedido al amparo de la emergencia económica derivada del invierno y sus estragos, particularmente en Córdoba.

Gravar a quienes más tienen no solo es razonable, sino que responde a un principio básico de justicia tributaria: la progresividad. En situaciones excepcionales, como una emergencia nacional, ese criterio adquiere aún mayor fuerza. Pero una cosa es exigir un mayor esfuerzo a los más ricos, y otra muy distinta es extender ese mismo bisturí fiscal —sin mayor discriminación— a quienes, lejos de acumular........

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