Hace un par de semanas, el analista francés Guy Sorman publicó en el diario ABC una columna sobre la confianza como eje de la economía y de la estabilidad global. Su tesis es simple y profunda: la economía no se sostiene solo en cifras sino en la credibilidad de las reglas y en la previsibilidad de las decisiones públicas. Cuando esa confianza se erosiona todo se vuelve frágil. Desde la moneda hasta la inversión.

Al leer esa reflexión pensé inevitablemente en Colombia y en el daño silencioso, pero profundo que el gobierno de Gustavo Petro le ha causado al país. No es solo una discusión ideológica ni un desacuerdo político más. Es algo más estructural: la ruptura de la confianza como base del orden social y económico.

En economía, la incertidumbre se ha convertido en norma. Los mensajes contradictorios sobre el futuro del petróleo y el gas, la improvisación en la política energética y los anuncios sin sustento técnico, han sembrado dudas legítimas entre inversionistas. Nadie invierte donde no sabe cuáles serán las reglas mañana. La consecuencia no es abstracta. Se traduce en menor crecimiento, menos empleo y oportunidades que se evaporan antes de nacer.

En seguridad jurídica el problema es aún más delicado. Cuando desde el poder se cuestionan fallos judiciales, se insinúan cambios retroactivos o se promueven reformas que debilitan la protección de la propiedad, el mensaje es devastador. Las reglas dejan de ser un ancla y pasan a ser un instrumento sujeto al vaivén del gobierno de turno. En ese escenario no hay contrato que resista ni proyecto que prospere.

En relaciones internacionales la improvisación también pasa factura. Un día se envían señales de cercanía con regímenes autoritarios y al siguiente se intenta recomponer vínculos con socios tradicionales. La política exterior deja de ser una estrategia de Estado para convertirse en una suma de gestos emocionales. Eso debilita la posición del país y reduce su capacidad de incidencia en un mundo cada vez más exigente.

Pero quizás el deterioro más grave está en la institucionalidad. Cuando se deslegitiman de manera sistemática los contrapesos, se desconfía de los órganos de control y se construye un relato permanente de confrontación, el mensaje que recibe la ciudadanía es claro: Nada merece ser respetado. Y cuando una sociedad deja de respetar sus propias instituciones entra en un terreno peligroso donde todo se vuelve negociable, incluso la ley.

La confianza no es un concepto abstracto, ni una palabra elegante para economistas. Es el cimiento invisible que permite que millones de decisiones cotidianas ocurran sin fricción. Es lo que hace posible que alguien invierta, que otro contrate, que un ciudadano crea en el futuro. Sin confianza no hay prosperidad posible.

Por eso el verdadero daño del gobierno actual no se mide solo en cifras, sino en la erosión de ese tejido intangible que sostiene a la nación. Recuperarlo tomará años porque la confianza se construye lentamente, pero se destruye con rapidez cuando el poder olvida que su primera responsabilidad es dar certezas y no sembrar dudas.

Colombia necesita volver a un camino donde la palabra pública tenga peso, donde las reglas sean estables y donde el Estado entienda que gobernar es generar confianza y no administrarla como si fuera un recurso infinito. Solo así será posible reconstruir lo que hoy se ha puesto en riesgo: el futuro mismo del país. Porque sin confianza no hay inversión sostenible, ni empleo digno, ni estabilidad social duradera. Todo se vuelve transitorio precario y vulnerable a cualquier sacudida política o económica.

La historia económica lo demuestra una y otra vez. Los países que prosperan son aquellos que respetan las reglas y generan previsibilidad, mientras los que la erosionan terminan atrapados en ciclos de crisis recurrentes y frustración colectiva que termina por minar incluso la cohesión social más básica. Es hora de entender que sin confianza no hay país posible, ni futuro compartido. Para nadie.

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