Miremos la realidad de un joven en El Bagre, en Quibdó o en una ladera de Bogotá. Aquel que busca datos prestados para descargar un formulario universitario o decide retirarse del colegio por una urgencia económica. Pensemos en quien, ante un mercado formal cerrado a su talento, encuentra que su energía y su tiempo son valorados y pagados inmediatamente por un grupo armado ilegal.

Para el Estado, ese joven es una estadística de vulnerabilidad, un beneficiario del ICBF o del Ministerio de la Igualdad. Un costo. Ese diagnóstico tradicional y miope nos estanca. Realmente, el joven no es una víctima pidiendo limosna; es una fuerza productiva en potencia que el país está desperdiciando. Es un motor encendido al que le hemos cerrado las vías legales.

Su problema no se resuelve solo con un diploma en la pared, se resuelve con un ingreso en el bolsillo. Por eso, la solución no puede recaer exclusivamente en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) debe asumir el liderazgo.

La estrategia no puede seguir confinada en el asistencialismo educativo. Imagine un programa donde el MinCIT asuma el liderazgo, entendiendo que cada joven sin empleo no es un problema social, sino un lucro cesante para la economía. Que el MinCIT no financie cursos teóricos, sino que subsidie el riesgo de la primera contratación en empresas exportadoras, al estilo de la Autoridad de Innovación de Israel. Que la formación se diseñe con académicos, pero sobre todo con empresarios y gremios en los territorios, que están urgidos de talento digital y operativo. Dejemos de tratar al joven como un objeto de asistencia social y empecemos a tratarlo como lo que realmente es: el activo más valioso de nuestro desarrollo económico.

La razón es estructural, puesto que el Ministerio de Educación trabaja desde la oferta, graduando estudiantes. El mercado opera desde la demanda. De nada sirve graduar miles en áreas saturadas si las empresas no los necesitan. Debemos pasar de una política asistencialista a una de competitividad. Los países que cerraron esta brecha lo entendieron hace décadas.

En Alemania, el sistema educativo no tiene la última palabra sobre la formación técnica; la tienen las Cámaras de Comercio e Industria. Estas entidades dictan qué habilidades exactas requiere la maquinaria exportadora, garantizando que el tiempo de estudio tenga un comprador real en el mercado.

Corea del Sur fue más allá al crear el Ministerio de PyMEs y Startups. Allí, el emprendimiento juvenil no es una electiva escolar teórica, es política industrial pura. El Estado inyecta capital de riesgo y conecta a los jóvenes fundadores directamente con las cadenas de suministro de conglomerados como Samsung o Hyundai. El joven emprendedor es un proveedor estratégico del PIB nacional, no un estudiante haciendo prácticas.

En Singapur, la Junta de Desarrollo Económico y el Ministerio de Comercio predicen las inversiones a cinco años. Si el país decide apostar por la inteligencia artificial o la biotecnología, instruyen al sistema educativo a formar talento en esas áreas antes de que lleguen las industrias; es decir, alinean la formación juvenil con el futuro de la economía.

En Colombia, en cambio, seguimos viendo al joven como alumno eterno, cuando él se ve como activo productivo. Su mentalidad cambió. Ya no ven al Estado como un padre moral, sino como una plataforma de servicios. Tienen mentalidad empresarial. Su lógica es transaccional. No me des cátedra, dame mercado. No me des subsidios, elimina trámites.

Por eso, propongo que los programas de competitividad juvenil sean liderados desde la cartera de Comercio. MinCIT conoce qué necesitan las empresas para exportar, entiende las cadenas globales de valor y tiene el mandato de la reindustrialización. Si queremos reindustrializar a Colombia, nuestra materia prima es el talento. El desempleo juvenil no es una obra social, es el desafío urgente de nuestra competitividad. Educación da los diplomas, Comercio debe ayudar a generar ingresos.

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