Miremos la realidad de un joven en El Bagre, en Quibdó o en una ladera de Bogotá. Aquel que busca datos prestados para descargar un formulario universitario o decide retirarse del colegio por una urgencia económica. Pensemos en quien, ante un mercado formal cerrado a su talento, encuentra que su energía y su tiempo son valorados y pagados inmediatamente por un grupo armado ilegal.

Para el Estado, ese joven es una estadística de vulnerabilidad, un beneficiario del ICBF o del Ministerio de la Igualdad. Un costo. Ese diagnóstico tradicional y miope nos estanca. Realmente, el joven no es una víctima pidiendo limosna; es una fuerza productiva en potencia que el país está desperdiciando. Es un motor encendido al que le hemos cerrado las vías legales.

Su problema no se resuelve solo con un diploma en la pared, se resuelve con un ingreso en el bolsillo. Por eso, la solución no puede recaer exclusivamente en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) debe asumir........

© El Nuevo Siglo Bogotá