Los derechos humanos no se erosionan solo con discursos ni con decretos ruidosos, sino con el debilitamiento silencioso de la capacidad del Estado para hacerlos efectivos.

En abril sostuve en estas páginas que el compromiso con los derechos humanos no puede medirse por las declaraciones que un sector político formula sobre el pasado, sino por las decisiones que adopta cuando ejerce el poder.

Daba cuenta entonces, de señales todavía aisladas: la discusión sobre indultos a uniformados condenados por delitos cometidos durante las protestas de 2019, la revisión de decretos de protección ambiental, la revocación del decreto que buscaba convertir el sitio de la ex Colonia Dignidad en un espacio de memoria.

Cien días después, esas señales dejaron de ser aisladas. Se convirtieron en un patrón, y ese patrón tiene una lógica precisa: los derechos humanos no se erosionan solo con discursos ni con decretos ruidosos, sino con el debilitamiento silencioso de la capacidad del Estado para hacerlos efectivos.

Es una distinción que importa. Reducciones presupuestarias, eliminación de unidades especializadas, reasignación de funciones, pérdida de equipos que habían acumulado conocimiento técnico. Ninguna de esas decisiones elimina formalmente un derecho. Sin embargo, en su conjunto reducen la posibilidad real de ejercerlo. Y en materia de derechos humanos, esa capacidad institucional no es un asunto de gestión, sino que forma parte del contenido mismo de las obligaciones del Estado. No basta con reconocer derechos en abstracto si desaparecen las estructuras encargadas de garantizarlos.

Una oficina que no era una oficina cualquiera

El caso más reciente que ilustra esta lógica es el cierre, el 1 de julio, de la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI).

Había nacido en febrero, apenas cuatro meses antes, como una de las principales recomendaciones de una mesa interinstitucional que el propio Estado convocó en 2024 para enfrentar un problema largamente diagnosticado. Yendo más atrás, se trató de un esfuerzo colectivo que involucró a distintos órganos de la Administración, que recogieron los reclamos de las organizaciones de víctimas que habían sido postergadas por años, y que encontraron -al fín- una respuesta. 

La Función de esta Unidad especializada buscaba........

© el mostrador