Chile no puede seguir postergando este debate. Porque en una sociedad que envejece, la vejez no es un tema sectorial. Es un eje estructural del desarrollo.

El veto presidencial a la Ley Integral de Personas Mayores ha reabierto un debate que va mucho más allá de una discusión técnica. No se trata solo de artículos específicos ni de ajustes legislativos de última hora. Lo que está en juego es cómo entendemos la vejez en una sociedad que envejece aceleradamente: si como un espacio de autonomía y participación, o como una etapa que debe ser protegida, incluso a costa de limitar esa autonomía.

La ley, aprobada por unanimidad tras años de tramitación, representaba un avance relevante. No era perfecta, pero marcaba un cambio de enfoque: reconocer a las personas mayores como sujetos de derechos, no solo como destinatarios de políticas asistenciales. En ese contexto, el veto a disposiciones vinculadas al trabajo en la vejez introduce una tensión que no es menor.

El argumento del Ejecutivo apunta a evitar eventuales formas de precarización laboral o condiciones desiguales. Es una preocupación legítima. Nadie podría defender que, en nombre de la flexibilidad, se abran espacios de abuso o desprotección. Sin embargo, el punto es otro: cuando la protección se construye desde la desconfianza, corre el riesgo de transformarse en una forma de exclusión.

Porque el mensaje implícito puede ser problemático. Que las personas mayores deben ser resguardadas incluso de sus propias decisiones. Que su participación en........

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