El paciente sociosanitario no es un problema de gestión hospitalaria. Es un indicador de falla sistémica: la prueba viviente de que pensiones, vivienda, cuidados y salud operan en silos separados, mientras las personas caen por las grietas entre ellos.

Hay aproximadamente mil personas viviendo en los hospitales públicos de Chile que no necesitan estar ahí. Tienen el alta médica firmada, pero no tienen adónde ir. No son pacientes: son refugiados de un sistema de protección social que no fue diseñado para una sociedad que envejece.

La ministra de Salud, May Chomali, lo reconoció esta semana al anunciar que cruzarán bases de datos del Registro Civil, el Servicio de Impuestos Internos y municipios para localizar a los familiares de estos pacientes. La medida es comprensible, pero insuficiente, porque asume que el problema es el abandono familiar. Los datos sugieren algo más incómodo: en la mayoría de los casos, las familias no pueden –no es que no quieran– hacerse cargo.

La aritmética es brutal. Un adulto mayor en Fonasa A o B –el 80% de estos pacientes– recibe una Pensión Garantizada Universal de $231.732 al mes. Sumando una pensión autofinanciada mediana, su ingreso total ronda los $400.000 – 500.000 mensuales. El costo mensual en residencias privadas de adultos mayores en Chile oscila generalmente entre $650.000 y más de $2.000.000, situándose en promedio en alrededor de $1.400.000. Los costos varían significativamente según la comuna, el nivel de dependencia del residente, los servicios incluidos y el tipo de establecimiento.

El ingreso de la mayoría de los pacientes no alcanza para cubrir esta........

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