Chile necesita reconocer que el sueño no es un lujo ni una debilidad. Es la línea de producción donde se consolida la memoria, se repara el sistema inmune, se regula el metabolismo y se restaura la capacidad de tomar decisiones complejas.

La última Encuesta Nacional de Salud 2016-17 reveló un dato que debería haber encendido todas las alarmas: el 63,2% de la población adulta presenta algún trastorno del sueño. Uno de cada cinco chilenos padece insomnio crónico. Casi uno de cada cinco reporta somnolencia diurna excesiva al menos tres días a la semana. Tras el estallido social de 2019 y la pandemia, esas cifras solo empeoraron: estudios focalizados encontraron que más de un tercio de las personas evaluadas presentaba insomnio clínicamente significativo.

Pero esta no es una columna sobre higiene del sueño ni sobre el uso del celular antes de dormir. Esta es una columna sobre economía política.

Cuando un país tiene trabajadores que promedian 1.919 horas laborales al año —222 más que el promedio de la OCDE—, cuando un santiaguino gasta 84 minutos diarios solo en llegar a su trabajo en transporte público (el equivalente a 14 días completos al año), y cuando el 62% de los mineros del cobre opera bajo turnos de 12 horas durante siete días consecutivos, el problema del sueño deja de ser individual. Se convierte en un fallo de infraestructura nacional, tan grave como un puente caído o una carretera sin pavimentar.

La corporación RAND estimó que el sueño insuficiente le cuesta a Estados Unidos el 2,28% de su PIB anual. Un modelo........

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