Es urgente volver a poner el foco en las escuelas como instituciones formadoras y en los recursos –económicos, profesionales, pedagógicos– que las políticas educativas tienen para ofrecerles para enfrentar el problema de forma genuinamente integral.

El proyecto Escuelas Protegidas apunta a enfrentar los hechos de violencia en las escuelas que hemos lamentado en las últimas semanas. En resumen, el proyecto propone: a) otorgar facultades para revisar a los estudiantes cuando ingresan a la escuela, incluyendo a niños con necesidades educativas especiales; b) castigar a los estudiantes por interrumpir las actividades académicas; c) prohibir el uso de vestimentas “que promuevan, hagan apología o alusión a la violencia, a drogas, a conductas delictuales u otras contrarias a la ley”; y d) castigar prohibiendo el acceso a la gratuidad universitaria a estudiantes condenados por delitos.

En otras palabras, se trata de una serie de drásticas medidas punitivas orientadas a contener la expresión más grave del problema, pero a la vez la más puntual, y que operan bajo un supuesto complejo y discutible: acá los responsables principales del problema son los niños, niñas y adolescentes.

Ya lo han dicho otras y otros especialistas: la situación de violencia y........

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