Corregir una política pública es legítimo. Hacerlo a costa de las familias de menos recursos, que utilizan el crédito para llegar a fin de mes, comprar alimentos, pagar la educación o adquirir remedios, no tiene fundamento técnico ni, menos aún, ético.  

En una reciente carta publicada en el diario El Mercurio, los presidentes de la Asociación de Bancos y de la Asociación FinTech se refieren a la propuesta de aumentar la tasa máxima convencional (TMC) para el microcrédito, lo que fundamentan en el combate al crédito ilícito que realiza el crimen organizado y sostienen que “revisar la fórmula no es desregular, es corregir una política pública”.

Existe consenso en combatir el crimen organizado y la delincuencia; con esa promesa llegó el actual Gobierno a La Moneda. El préstamo ilícito, llamado “gota a gota”, es una práctica criminal que se debe perseguir con todo el rigor del sistema penal. Pero una cosa muy distinta es utilizar ese argumento y el temor de la población para otros fines, como subir las tasas de los créditos más pequeños del sistema financiero al que acceden las familias de menores recursos.

No existe evidencia que vincule la tasa máxima con el acceso al préstamo ilegal, y apelar a ese argumento para encubrir la pretensión de subir las tasas de interés –que en su momento superaron el 50%– no es aceptable.  

Antes de la Ley N° 20.715, de 2013, la tasa máxima aplicable a las operaciones bajo 200 UF (cerca de $8,2 millones) alcanzó niveles cercanos al 59% anual; en........

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