Solo queda una alternativa coherente: reconocer y aceptar lo que ya ocurre: que la seguridad privada cumple funciones operativas reales, que interviene, contiene y enfrenta el riesgo y que, en consecuencia, debe ser dotada de un marco normativo acorde a esa realidad.

La discusión sobre seguridad privada en Chile ha estado marcada por una ambigüedad persistente que hoy resulta insostenible. Mientras el marco legal la define como una actividad preventiva, coadyuvante, complementaria y orientada a la protección de bienes, la realidad cotidiana muestra algo muy distinto: guardias que detienen personas en flagrancia, enfrentan delincuentes armados, contienen situaciones de violencia y gestionan emergencias con cientos de personas presentes.

El problema no es la falta de regulación. El problema es más profundo. La ley fue construida sobre una representación del rol del guardia que no existe. Se legisló para una seguridad patrimonial, mientras se opera con una seguridad de intervención. Y eso es lo que espera todo el país.

Esta disociación tiene........

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