Un país puede cerrar su ciclo de conflicto con perdón y puede cerrarlo con justicia plena. Lo que no puede hacer, sin vaciar la ley de sentido, es perdonar a unos y perseguir a otros por hechos del mismo período y bajo la misma bandera.

“Se analizarán en su mérito”. Con esa fórmula respondió el Presidente Kast a la pregunta por las solicitudes de indulto para uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde entonces el Gobierno no ha puesto sobre la mesa ningún otro criterio. Tomémosla al pie de la letra, entonces. Ese mérito ya fue examinado, y por el mismo sector que hoy promueve lo contrario.

Entre 2020 y 2022 el gobierno de Sebastián Piñera elaboró una doctrina completa sobre la improcedencia del indulto para los delitos cometidos en el contexto del 18 de octubre. Su vocero más constante fue el entonces subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli. Vale la pena releer ese archivo, porque cada una de sus premisas se está invocando hoy al revés.

Estaba, primero, el argumento de la señal. Indultar comunica a la sociedad que ciertos delitos se vuelven perdonables cuando ocurren en determinado marco político. Eran, en palabras de Galli, “señales equivocadas”. Sometamos a esa prueba lo que hoy está sobre el escritorio presidencial: trece carabineros y funcionarios de las Fuerzas Armadas condenados, la resolución aprobada en la Cámara por el excapitán Patricio Maturana y una bancada senatorial que empuja un indulto general para uniformados. ¿Qué comunica un Estado que perdona a los agentes que torturaron o mutilaron portando su uniforme? El efecto pedagógico que tanto preocupaba entonces se........

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