A tres semanas de la elección, Chile vive una disputa silenciosa: el Estado intenta sostener su autoridad mientras el crimen organizado se expande como un poder paralelo y destructivo. Quien asuma la conducción del país debe tener las capacidades, los equipos y la decisión de enfrentar este desafío. Cada día que pasa, el crimen avanza. El tiempo corre en su favor.

En la madrugada del 28 de octubre de 2025, unas 2.500 fuerzas policiales y federales irrumpieron en los complejos del Alemão y de la Penha, al norte de Río de Janeiro. Lo que comenzó como un operativo, terminó convertido en una operación letal: 121 muertos -117 sospechosos y cuatro policías-. Días después, la Policía Civil divulgó una lista con los 99 primeros nombres identificados: 78 tienen antecedentes por delitos graves, 42 están prófugos y 39 provienen de otros estados, principalmente del norte del país. Pese a esos antecedentes, ninguno figura, según las noticias,  en la denuncia de la Fiscalía que dio origen a la operación. Los grupos del Comando Vermelho responden con barricadas, incendios de buses y autos, lanzamientos de explosivos desde drones y fuego cruzado con fusiles automáticos. Las autoridades confiscaron más de 90 fusiles de guerra, otras armas automáticas, una tonelada de drogas y constataron que parte del armamento proviene de fuerzas armadas extranjeras.

Fue y es una confrontación abierta entre el Estado y el crimen organizado, con capacidad de fuego y control territorial.

Lo ocurrido en Río sirve de espejo. No porque Chile esté en el mismo punto, sino porque muestra adónde se llega cuando el crimen crece más rápido que la capacidad estatal para contenerlo. Todo empieza igual: con señales mínimas que se normalizan hasta que es tarde.

El crimen organizado deja de ser un fenómeno lejano. Los casos de corrupción policial, las bandas internacionales........

© El Líbero