Y la realidad es esta: buena parte de la criminalidad económica contemporánea se mueve a través de compañías, estructuras societarias, cadenas de mando difusas y beneficios corporativos que rara vez terminan en el bolsillo de un solo individuo. Precisamente por eso, me parece insostenible que el legislador colombiano siga actuando como si bastara con perseguir a la persona natural y dejar a la organización en un vacío jurídico. 

El punto de partida debe ser honesto: no existe una regulación punitiva expresa y general, aunque sí hay antecedentes jurisprudenciales, avances legislativos frustrados y mecanismos dispersos de reacción estatal. En el Congreso han cursado distintos proyectos de ley para crear regímenes penales de las personas jurídicas, fortalecer la cultura organizacional y prevenir delitos, pero el sistema sigue siendo fragmentario. Eso, dicho sin rodeos, revela una vacilación política persistente. 

Y aquí es donde,........

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