«Cuando la justicia se aparta de la ley, no es justicia, sino la más peligrosa de las prevaricaciones, pues emplea las armas del derecho para cometer la iniquidad». — Luis Jiménez de Asúa.

¿Por qué razón los jueces y tribunales de instancias inferiores omiten resolver los asuntos sometidos a su consideración desde el inicio del proceso, tal como lo establece la doctrina pacífica y vinculante del máximo tribunal, obligando en cambio al justiciable a un peregrinaje innecesario? ¿Acaso esta resistencia deliberada a aplicar la jurisprudencia superior no es la prueba fehaciente de que las fases iniciales operan como un peaje de desgaste y extorsión antes que como verdaderos órganos de administración de justicia? ¿Qué ocurre cuando la institución creada para hacer justicia se convierte, en determinadas actuaciones, en fuente de injusticia?

El aparato jurisdiccional desprovisto de rectitud y estabilidad institucional ha transformado los tribunales en una industria del fraude procesal orientada al despojo patrimonial y la extorsión organizada. La omisión consciente de la jurisprudencia y el retraso programado buscan desgastar financieramente al justiciable, pero también consumir su tiempo, sus fuerzas y su tranquilidad, sometiéndolo a un agotamiento emocional y espiritual que puede quebrantar su esperanza y su dignidad. Cuando la búsqueda de justicia se convierte en una prueba de resistencia que compromete la estabilidad económica, emocional y espiritual de la persona, el daño trasciende el patrimonio y alcanza la propia condición humana del hombre y de la mujer que acuden a los tribunales en busca de protección. Todo ello evidencia una profunda crisis moral e institucional en la administración de justicia.

La corporación delictiva del engranaje judicial

El aparato jurisdiccional desprovisto de rectitud no opera como un garante de la paz social, sino como una corporación mercantil de la extorsión organizada. Esta industria de la degradación procesal ha transformado los sagrados recintos de los tribunales en verdaderas líneas de ensamblaje delictivo, donde la materia prima es la angustia del justiciable y el producto final es el despojo patrimonial. Bajo esta lógica mercantilista, la provisionalidad de los juzgadores no constituye, por sí misma, una prueba de incompetencia, deshonestidad o indigencia intelectual, sino una condición administrativa que puede generar vulnerabilidad institucional cuando la falta de estabilidad se convierte en un instrumento de sometimiento. Un funcionario judicial que carece de estabilidad institucional puede encontrarse en una posición de mayor vulnerabilidad frente a las presiones de quienes tienen poder para decidir su permanencia. Esto no significa que todos los jueces provisorios sean susceptibles de doblegarse ni que la titularidad garantice automáticamente independencia, capacidad o rectitud. Lo que se cuestiona es la utilización de la precariedad institucional para debilitar la autonomía del juzgador y favorecer los intereses de las mafias corporativas. Por otra parte, la indigencia intelectual y académica de aquellos operadores que realmente carecen de la preparación necesaria se erige como un blindaje perfecto para la impunidad, puesto que en su deliberada impericia puede resultar difícil distinguir dónde termina la ignorancia técnica y dónde comienza la mala fe. Así, las instancias iniciales, tanto en el ámbito penal como en el civil y demás áreas del derecho, pueden desviarse por completo de su función constitucional para actuar como aduanas criminales de peaje........

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