Una sociedad debe procurar que sus trabajadores ganen lo suficiente para vivir con dignidad. Pero aumentar el salario mínimo exige evaluar la capacidad de las empresas para sostener el empleo. Si los incrementos se alejan de la productividad y de las posibilidades de los pequeños negocios, pueden acelerar la automatización, aumentar la informalidad o comprometer su supervivencia.

La discusión no puede dejar por fuera a los jubilados. Conseguir otro empleo suele ser difícil o imposible. Cuando los gastos indispensables crecen más que su pensión, deben reducir consumos, aplazar necesidades o recurrir a unos ahorros que se agotan cada vez más rápido.

El problema trasciende la comparación entre el aumento salarial y el índice de precios al consumidor. El IPC mide una variación promedio, pero cada hogar enfrenta una realidad distinta. Para una persona mayor que necesita medicamentos, alimentación especial, cuidados y transporte a consultas, ese promedio puede no reflejar la presión sobre su bolsillo.

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