La reconfiguración de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) busca romper con revisiones tardías, fragmentadas y sin consecuencias, para dar paso a un sistema que detecte, prevenga y sancione el desvío de recursos públicos en tiempo real.

El planteamiento no es menor. La ASF, ahora encabezada por Aureliano Hernández Palacios, busca coordinarse con las 32 entidades para cerrar filas y eliminar vacíos de supervisión que históricamente han permitido que estados y municipios operen con amplios márgenes de discrecionalidad sin consecuencias. La apuesta es una fiscalización total del territorio, con intercambio de información, inteligencia de datos y revisiones que no solo documenten irregularidades, sino que intervengan antes de que el daño sea irreversible.

A esto se suma una reestructura interna que contempla el recorte a la alta burocracia: menos mandos, salarios homologados y recursos redirigidos a áreas técnicas. En otras palabras, menos escritorio y más auditor en campo, para reducir privilegios y fortalecer la capacidad real de revisión del gasto público.

Con esto, lo que se busca es dejar de ser un órgano que llega tarde a contar lo que ya pasó y convertirse en uno que actúa a tiempo. La creación de áreas como las de Inteligencia de Fiscalización y Atención Ciudadana apuntan a incorporar tecnología, análisis de riesgo y denuncias directas como herramientas centrales. La lógica es clara: si el dinero público se vigila en tiempo real, la corrupción deja de ser negocio.

México ha construido marcos normativos robustos que, en el papel, prometen control, transparencia y rendición de cuentas, pero la aplicación ha sido selectiva. Durante años, las revisiones han exhibido desvíos millonarios que rara vez se traducen en sanciones ejemplares. Se señalan irregularidades, se abren expedientes, se acumulan observaciones… y el sistema sigue girando.

Ejemplos sobran. Basta recordar que en Acapulco, Guerrero, el gobierno de Abelina López acumula observaciones por más de 800 millones de pesos sin comprobar; en Veracruz, durante la administración de Cuitláhuac García, se acumularon más de 7 mil millones de pesos pendientes de aclaración en distintas cuentas públicas; en Chiapas, el gobierno de Rutilio Escandón suma observaciones por más de 3 mil millones de pesos en recursos federales; y en Morelos, la gestión de Cuauhtémoc Blanco dejó pendientes por más de mil millones de pesos, especialmente en el manejo del gasto en salud. El problema nunca ha sido detectar el desvío, sino qué pasa después.

Si con todo esto se logra auditar más, mejor y más rápido, no servirá de nada si no hay consecuencias. Si las observaciones vuelven a quedarse en recomendaciones, si los responsables encuentran salidas administrativas o si la fiscalización se convierte en herramienta política, el rediseño será solo otra capa de discurso.

Porque al final, la credibilidad de la ASF no se medirá en nuevas áreas, ni en reorganizaciones internas, ni en discursos de modernización. Se medirá en algo mucho más simple y mucho más incómodo: nombres, montos recuperados y funcionarios sancionados.

VERACRUZ: LOS EXPEDIENTES QUE NO SE CERRARON

Las sentencias que siguen cayendo sobre exfuncionarios del gobierno de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, están dejando algo más que responsabilidades individuales: están reconstruyendo cómo operó el poder en ese sexenio. La culpabilidad del exdirector de Servicios Periciales por la desaparición de un policía estatal vuelve a colocar el foco en un nivel clave del aparato institucional y si ese eslabón aparece en un caso de desaparición forzada, lo que queda expuesto es lo distorsionado del sistema. 

Duarte ya fue sentenciado por corrupción, pero el capítulo más oscuro de su administración sigue avanzando en otra vía. No es un caso que se revive: es un proceso que nunca terminó y que apenas empieza a exhibir, con mayor claridad, el tamaño real de lo que ocurrió en Veracruz.

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