Se ha vuelto casi cotidiano escuchar noticias sobre hackeos y filtraciones de bases de datos de instituciones públicas y empresas privadas. Lo verdaderamente preocupante es que estamos empezando a normalizar estos hechos, como si fueran inevitables. No lo son.

Cada ataque representa miles o incluso millones de datos personales expuestos: domicilios, teléfonos, expedientes médicos, denuncias por corrupción, violencia, extorsión o acoso. Detrás de cada registro existe una persona cuya seguridad puede verse comprometida cuando esa información cae en manos equivocadas. Cuando los sistemas fallan, el problema deja de ser tecnológico y el riesgo se traslada directamente a las personas.

Por ello, la ciberseguridad no puede entenderse como un gasto ni como un lujo tecnológico. Es una obligación institucional para proteger derechos fundamentales, especialmente la privacidad y los datos personales.

Durante mi responsabilidad en el Instituto........

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