Hay temas que no admiten cálculos políticos ni pueden reducirse solo a una discusión de cifras. La desaparición de personas es uno de ellos. Detrás de cada registro hay un nombre, una familia y una historia que quedó suspendida por la incertidumbre. Hay madres que no han dejado de buscar a sus hijos durante años, padres que recorren hospitales, fiscalías y fosas clandestinas, hermanas y hermanos que viven aferrados a la esperanza de recibir una llamada que le dé paz a sus vidas.

Por eso, la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas de la ONU de activar un mecanismo excepcional para dar seguimiento a la situación de México no puede verse como un asunto menor. Se trata de un hecho sin precedentes que refleja la preocupación de la comunidad internacional por una crisis que lleva años profundizándose y que continúa lastimando a miles de familias mexicanas.

Lejos de verse como una sanción automática o de una condena anticipada, este procedimiento representa una llamada de atención sobre la necesidad de que el Estado fortalezca su capacidad para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones, así como para garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad. Cuando organismos internacionales consideran que existen elementos suficientes para encender una alerta de esta naturaleza, lo responsable es escuchar, revisar y corregir; nunca minimizar o descalificar.

En México, la dimensión del problema es imposible de ignorar. Más de 135 mil personas continúan desaparecidas y decenas de miles de cuerpos permanecen sin identificar. Es una tragedia humanitaria que atraviesa entidades federativas, clases sociales y generaciones enteras. Ninguna familia está exenta del miedo de recibir una........

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