Lo ocurrido en Chihuahua en días recientes no es un episodio aislado ni menor; es una prueba contundente de carácter, de convicción y, sobre todo, de prioridades.

El operativo realizado en lo profundo de la Sierra de Chihuahua no fue cualquier acción. Fue un golpe directo, certero y de gran escala contra el crimen organizado. Se desmanteló uno de los narcolaboratorios más grandes del país, una instalación con capacidad industrial que operaba con absoluta impunidad en una zona de difícil acceso. No hablamos de un campamento improvisado, sino de una estructura sofisticada, con cientos de metros cuadrados, hornos, cilindros de gas y químicos suficientes para producir millones de dosis de metanfetamina.

Ante el entorno de violencia y crecimiento del crimen organizado, ese es el hecho central. Ese debería ser el punto de partida de cualquier análisis serio. Sin embargo, no lo ha sido.

En lugar de reconocer la relevancia de este resultado, el gobierno federal decidió tomar el camino de la descalificación inmediata, la sospecha sin pruebas y la construcción de una narrativa política que poco tiene que ver con la seguridad de las familias mexicanas. Pasaron, en cuestión de horas, de esperar los resultados de un análisis técnico a la condena mediática y es aquí donde vale la pena hacer una pausa y preguntarnos con toda claridad: ¿qué es lo que verdaderamente les........

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