En México ya no basta con observar los hechos aislados. Hay que conectar las piezas. Cuando un gobierno utiliza las instituciones para perseguir a quienes piensan distinto y mientras protege a personajes cercanos señalados por vínculos con el crimen organizado, lo que existe no es justicia, es un gobierno faccioso que pone sus propios intereses por encima de los nacionales.

Lo que hoy ocurre con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, debe entenderse justamente en ese contexto. No es casualidad. No es coincidencia. Y mucho menos es un acto jurídico desinteresado.

Mientras Morena intenta construir una narrativa para desacreditar a una gobernadora que ha enfrentado con firmeza al crimen organizado, millones de mexicanas y mexicanos observan algo evidente: el oficialismo actúa con una vara para sus adversarios y con otra para los suyos.

Porque mientras se presiona políticamente a una gobernadora de oposición, siguen acumulándose señalamientos nacionales e internacionales sobre personajes ligados al entorno morenista en distintas entidades del país. Ahí están los casos conocidos por toda la opinión pública. Ahí están las investigaciones, las acusaciones y los vínculos que el régimen intenta minimizar todos los días, a pesar del daño que le hacen al país. Y, aun así, el poder guarda silencio.

En Acción Nacional no tenemos duda: detrás de esta embestida hay una intención política clara. Morena sabe que Chihuahua representa uno de los ejemplos más visibles de que sí existe otra........

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