En Washington se acabó la paciencia. Fueron casi ocho años de mensajes permanentes e incontables señales para que Palacio Nacional pusiera orden en su movimiento político, ante la evidencia creciente de que varios jerarcas de Morena tienen vínculos con el crimen organizado. Ayer, un 29 de abril que marca un punto de inflexión en la relación bilateral contemporánea, la justicia de Estados Unidos anunció cargos contra al menos nueve altos funcionarios y ex funcionarios mexicanos, incluyendo al actual gobernador Rubén Rocha Moya, por colaboración con el Cártel de Sinaloa. Es la acción legal de mayor envergadura que Washington haya emprendido contra la clase política mexicana.

El 26 de abril, Los Angeles Times anticipó lo que vendría: ante la inacción del gobierno de México, Washington pasaría del simple retiro de visas a presentar cargos formales en tribunales estadounidenses.

La impaciencia de Washington se construyó a partir de la sordera de Palacio Nacional en dos temas distintos, pero profundamente entrelazados. De un lado la seguridad, porque si bien respecto al combate contra el narco se percibe una coordinación funcional con el secretario García Harfuch, el asunto pendiente era la colusión de políticos oficialistas con los cárteles. A ojos de Washington, incluso esa coordinación operativa sería inútil mientras exista una quinta columna del narco........

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