Una de las fallas más graves de la política exterior mexicana contemporánea ha sido su tolerancia, y en los hechos, respaldo, a la dictadura cubana. No es una omisión meramente teórica: es una falta ética, con consecuencias prácticas, al consentir durante más de seis décadas la opresión sistemática de millones de personas.

El día que ese régimen caiga -porque todos los regímenes caen- y los habitantes de la isla puedan hablar con libertad, habrá un reproche legítimo hacia México: no haber tenido la valentía política ni la honestidad intelectual para distinguir entre el pueblo cubano y el gobierno que lo sometió. Por negar la realidad de la miseria y la violencia del castrismo. Por ni siquiera atreverse a llamarle dictadura. Por brindar legitimidad diplomática y ayuda material no a las víctimas, sino al aparato que las controla.

El año pasado, nos convertimos en el principal proveedor de combustible a Cuba (desplazando a Venezuela, y por encima de Rusia). Cada día, enviamos unos 17 mil 200 barriles de crudo y otros 2 mil de productos petroleros, lo que a su vez fue un aumento meteórico de 56% respecto a 2024.

El apoyo energético podría tener justificación humanitaria si estuviera condicionado a dos elementos básicos:

Transparencia verificable sobre su uso en beneficio directo de la población civil; y Cláusulas de suspensión automática ante actos de represión contra sus ciudadanos, mismos que han ido en aumento y están documentados, pese a la censura oficial.

Nada de eso existe. No hay mecanismos públicos de auditoría. Persisten los apagones generalizados en la isla, mientras el aparato de seguridad del Estado opera sin restricciones. En ausencia de condiciones claras, el envío de combustible equivale a un subsidio incondicional al régimen.

Algo similar ocurre con la “contratación” de aproximadamente tres mil 700 médicos cubanos, con pagos que rondan los 5 mil dólares mensuales por cada uno. Diversos reportes internacionales han señalado que la mayor parte de esos recursos no se entrega directamente a esos médicos, sino al gobierno cubano, y que las condiciones laborales implican restricciones severas a su libertad. Más allá del debate sobre la muy cuestionada necesidad interna de ese personal, el diseño del esquema vuelve a convertir la cooperación en financiamiento indirecto a La Habana.

En el plano diplomático, México ha mantenido históricamente una posición de respaldo político a Cuba: desde la famosa abstención solitaria a su expulsión de la OEA en 1962, hasta sus votos recurrentes contra el embargo (que no “bloqueo”) estadounidense en la ONU. El problema no es discrepar del embargo; es hacerlo de manera incondicional, sin exigir compromisos en materia de derechos humanos, por ejemplo. Por nuestro peso diplomático y económico regional, México sí podría influir en la definición de estas dinámicas. Pero no, apoyamos irrestrictamente al castrismo en abstracto, como si no fuese una dictadura, ciegos al dolor de la gente. 

¿Por qué México actúa así? Se suele invocar una afinidad histórica entre dos revoluciones. Pero la Revolución Mexicana derivó, con todos sus claroscuros, en un régimen civil e institucional que eventualmente transitó hacia la pluralidad democrática. La cubana desembocó en una dictadura militar de partido único, sin alternancia, sin prensa libre y sin elecciones.

También se menciona el viejo “anti-yanquismo” como punto de coincidencia ideológica. Pero México lleva más de tres décadas profundamente integrado económica y estratégicamente a Estados Unidos.

Habrá quien argumente una lectura legalista, o incluso pragmática del principio de no intervención: no inmiscuirse en asuntos ajenos para no legitimar que lo hagan en los nuestros. Pero la defensa de derechos humanos es también un mandato de nuestra Constitución. Condicionar apoyos, por ejemplo, no es intervenir; es actuar con coherencia normativa. En cualquier caso, el principio de no intervención no puede derivar en indiferencia moral. 

Incluso, se ha tratado de explicar la posición mexicana como moneda de cambio para que La Habana no cometa actos de desestabilización. Si esa hipótesis fuera cierta, implicaría una preocupante admisión de vulnerabilidad estatal. Y, en cualquier caso, el costo estratégico es evidente: esta política tensiona innecesariamente nuestra relación con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial y aliado geopolítico.

El gran mito ha sido presentar esta postura como solidaridad con el pueblo cubano. No lo es. Solidaridad sería canalizar apoyo directo, transparente y condicionado a la población. Lo que hoy existe es respaldo político y material al aparato estatal que concentra el poder.

Políticos de casi todos los partidos e intelectuales de diversas corrientes han evitado una distinción elemental: pueblo cubano no es lo mismo que dictadura cubana; ayuda humanitaria no es lo mismo que financiamiento al gobierno; respeto a la autodeterminación no equivale a tolerar la violación sistemática de derechos fundamentales.

Antes que ese régimen caiga, sería conveniente que más voces en México denuncien a la dictadura por lo que es. Porque ese pueblo un día nos reprochará nuestra tolerancia, nuestro silencio, y será decoroso poder decir al menos que no fue unánime.

POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA

© El Heraldo de México