DESDE EL 9 de enero de 2026, el teléfono celular en México puede convertirse en un punto de control regulatorio. Con la entrada en vigor del registro obligatorio de líneas móviles, cada número debe quedar vinculado a una identidad validada mediante CURP y documentos oficiales. 

La medida se impulsa como una respuesta directa al aumento de la extorsión y el fraude telefónico. Sin embargo, en la práctica, el costo operativo, reputacional y legal de esta política pública no lo está pagando el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino las compañías de telecomunicaciones.

El tamaño del reto explica buena parte del problema. México cerró 2025 con más de 160 millones de líneas móviles activas, de acuerdo con estimaciones de The Competitive Intelligence Unit, de Ernesto Piedras.

De ese total, alrededor de 85% corresponde a líneas de prepago, históricamente anónimas y de alta rotación. Regularizar este universo antes del 30 de junio de 2026 implicaría registrar cerca de un millón de líneas diarias, sin interrupciones, errores ni cuellos de botella. Para cualquier industria, no es sólo un desafío ambicioso, es un reto técnicamente extremo.

Para operadores, como Telcel, AT&T, Telefónica Movistar, Bait y Altán Redes, que encabezan Daniel Hajj, Mónica Aspe, Camilo Aya, Gabriel Cejudo y Zaira Pérez Salinas, respectivamente; el registro no es un trámite administrativo, sino una reingeniería completa de sus procesos.

La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión los convierte en responsables no sólo de la identificación del usuario, sino también del resguardo de datos personales y validaciones biométricas, bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El gobierno ha sido enfático: no existe........

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