Hay temas que parecen administrativos, pero en realidad hablan de justicia.

La historia se repite en distintas regiones del país. Una comerciante acude a renovar su licencia de funcionamiento y descubre que el monto a pagar aumentó sin una explicación clara. Un pequeño empresario recibe información distinta dependiendo de la ventanilla que lo atienda.

Cuando la autoridad no puede responder con claridad, el problema deja de ser burocrático y se convierte en un asunto de confianza pública.

En México existe un principio constitucional que no admite interpretaciones: todo cobro realizado por una autoridad debe estar previsto en la ley. Los ciudadanos tienen derecho a conocer cuánto deben pagar, por qué concepto, cuál es el fundamento jurídico y cuáles son los medios oficiales para realizar el pago.

Sin embargo, todavía persisten espacios de........

© El Heraldo de México