Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma electoral que busca modificar el sistema democrático, reducir costos y una reconfiguración profunda de nuestro sistema político. Esta iniciativa es producto de los foros de consulta con expertos y ciudadanos, que se llevaron a cabo en el país cumpliendo así con uno de sus compromisos de proyecto de nación. 

El proyecto de ley se articula en diez puntos fundamentales, entre los que destacan la reducción del financiamiento a partidos políticos, la reestructuración del órgano electoral y, de manera crucial, la modificación en la integración de las Cámaras del Congreso de la Unión, lo que hace reflexionar acerca de la naturaleza de la representación legislativa y, específicamente, sobre el papel del Senado de la República. 

Desde el Constituyente de 1917, México decidió mantener una estructura bicameral. Sin embargo, a diferencia de la Cámara de Diputados, que representa a la población en su conjunto, el Senado nació con una misión específica: ser el guardián de la soberanía de los estados y el símbolo del pacto federal. 

A lo largo de los años, el Senado ha crecido de 64 a 128 integrantes. Actualmente, su composición se define en: 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 por el principio de representación proporcional -plurinominales- y es en este último punto en donde se rompe el vínculo directo con la entidad federativa, lo que diluye la representación territorial que es la esencia misma del Senado. 

La actual reforma plantea una oportunidad histórica para devolverle al Senado su cualidad original: un cuerpo colegiado donde los representantes de los estados participen activamente en las decisiones de la Federación, atendiendo las necesidades regionales que los eligieron. 

Uno de los diagnósticos más claros de nuestro sistema actual es que el Senado ha terminado por comportarse como un espejo de la Cámara de Diputados. Las votaciones suelen replicar estrictamente las líneas de los grupos parlamentarios, y se deja en segundo plano la defensa de los intereses locales de cada estado. 

Para retomar las cualidades federalistas es indispensable una modernización que haga del Senado un órgano fuerte, eficaz y, sobre todo, congruente con el contexto regional de México. 

En ese tenor, países como Estados Unidos, Alemania o Brasil nos muestran que órganos legislativos más compactos y con una representación territorial clara logran objetivos federalistas de manera más eficiente. 

Redimensionar el Senado no es una embestida a la pluralidad, es una apuesta por la calidad de la representación; se trata de que cada senador y senadora sea, ante todo, un embajador de su estado en la capital de la República, y no solo un integrante más de una fracción partidista. 

La propuesta de la presidenta abre la puerta a un debate técnico y político que se dará en las Cámaras en los próximos meses. Esta discusión es vital pues sentará las bases de cómo llegaremos al proceso federal de 2030. 

No se busca solamente reducir números, sino fortalecer la estabilidad del sistema político y garantizar que el ejercicio de la soberanía sea pleno. 

La desaparición de las listas plurinominales en la Cámara de Senadores y el ajuste hacia una integración paritaria de los estados nos permitirá consolidar un Estado superior, soberano y, sobre todo, profundamente respetuoso de su contrato social original. 

El camino hacia 2030 exige un Congreso que no solo legisle, sino que represente fielmente la voluntad de quienes, desde cada rincón de la República, confían en que su voz será escuchada en la máxima tribuna del país. 

POR MTRO. NÉSTOR NÚÑEZ LÓPEZ, TITULAR DE LA UNIDAD DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL Y PATRIMONIO, DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT)

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