La participación de agentes de la CIA en un operativo encabezado por el gobierno de Chihuahua para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas se convirtió en uno de los choques de mayor tensión política en lo que va del año: un conflicto donde se cruzan la soberanía, el federalismo y la seguridad fronteriza.

Varios factores alimentaron el cóctel, pero el ingrediente electoral —que ya se respira rumbo a 2027— lo volvió más explosivo.

Y lo peor es que nadie ha explicado con claridad qué ocurrió y en qué contexto derivó en la muerte de dos agentes estadounidenses y en la del director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera.

En medio de todo ese ruido renunció el fiscal César Jáuregui, y la gobernadora Maru Campos declinó comparecer en el Senado.

La presidenta Sheinbaum no se quedó de brazos cruzados: exoneró al gobierno de EU de responsabilidad directa, pero reprochó a la administración panista no haber informado, como marca la ley.

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