No cabe el asombro. Era una bola cantada.

Desde hace mucho, el gobierno y Morena sabían que el gobernador sinaloense, Rubén Rocha Moya, era un lastre político y, peor aún, un peligroso frente que Estados Unidos podía abrir a gusto. Pese a ello, resolvieron no actuar cuando y como debían, sino --peor aún-- apoyar y amparar al personaje indefendible.

Ahora, gobierno y partido están ante una disyuntiva mayúscula, donde se jugarán su propio destino, implicando el del país en su conjunto.

En la muy difícil decisión a tomar en su respectivo ámbito de acción, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y la próxima dirigente de Morena, Ariadna Montiel, no pueden perder de vista algo evidente: es nutrido el elenco de cuadros, legisladores, funcionarios y gobernantes morenistas, susceptibles de ser señalados allá y acá por vínculos con el crimen.

La mandataria y la dirigente no pueden confundir solidaridad con complicidad, unidad con impunidad ni depurar con contaminar. La disyuntiva es complicada y exige determinación. Es una decisión de enorme dimensión y trascendencia.

Patear el bote, ganar tiempo, argüir deficiencias jurídicas en la solicitud de extradición o atrincherarse en la idea de que es una balandrona más del megalómano del norte sin efecto… pondría en juego, ahí sí, la soberanía nacional.

Si el valor en juego era y es ese, el de la soberanía, se debió proceder sin titubeos........

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