El gobierno de la República está urgido de señalar como responsables de delitos “narcopolíticos” o “huachipolíticos” a otros personajes distintos, que a morenistas.

No importa la petición de los Estados Unidos por funcionarios de Sinaloa, todos militantes y vinculados a Morena. No importa tampoco la evidencia de La Barredora en Tabasco en tiempos de Adán Augusto, o la enorme derrama de dinero que provino —¿de dónde?— para las campañas morenistas en 2021 y 2024.

Menos aún la creciente percepción pública de que muchos morenistas, estatales y federales, están vinculados, ligados, financiados por el narco.

La presidenta, de forma inexplicable, abraza la bandera de fiscal general y acusa “con múltiples evidencias”, dijo a Ernesto Ruffo Appel.

Diferentes gobiernos federales han otorgado en las últimas dos décadas, e incluso un poco más, permisos para la importación de gasolinas y combustibles. La causa de ello era aumentar las reservas disponibles y multiplicar la mermada capacidad de Pemex para satisfacer el creciente mercado nacional.

Ruffo se vio beneficiado con un permiso en esa materia hace aproximadamente 18 años.

No es ilegal, no es un delito, y el cambio de reglas impulsado por AMLO bajo........

© El Financiero