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El registrador nacional Hernán Penagos lanzó una alerta sumamente grave de la que poco se está hablando: en el 40 % de los municipios donde hay presencia de grupos armados ilegales, estas organizaciones tendrían interés en incidir en las elecciones de este año. Es un reconocimiento institucional que debería encender todas las alarmas en pleno inicio del ciclo electoral.

La pregunta que surge es inevitable: ¿puede hablarse de elecciones libres cuando el propio Estado reconoce que en más de 600 municipios existen riesgos graves para la participación política?

En una democracia, el deber del Gobierno no se agota en instalar mesas de votación ni en garantizar que las urnas abran el día de las elecciones. Su obligación es más profunda: asegurar que los ciudadanos puedan votar y elegir libremente, sin miedo, sin presiones y sin censura. Sin embargo, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo muestran un panorama preocupante: presencia armada ilegal, restricciones a la........

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