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Los costos sociales y económicos de la pretendida violencia política dentro y en los extramuros de los campus son amplios y variados: la afectación de los calendarios académicos, de la competitividad para atraer talentos, de la movilidad urbana, de bienes públicos y de la integridad física de personas, entre los más protuberantes.

Que la utilización de las instalaciones de universidades estatales para ejercer violencia no sea intolerable es parte de una herencia que ya es hora de remover. Como vimos, la renuncia a la violencia de una parte sustancial de la principal organización “revolucionaria” (FARC) no tuvo su correlato en los campus. No podemos seguir esperando que ocurra naturalmente ese paso hacia la civilización política.

Necesitamos un gobierno que asuma que los campus son controlables desde el punto de vista de la seguridad ciudadana. Si........

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