La crisis de gobernanza de Indra ha puesto al descubierto las flagrantes contradicciones de la actuación del Gobierno en la compañía a través de su brazo inversor, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Durante más de catorce meses —desde el nombramiento de D. Ángel Escribano como presidente ejecutivo en enero de 2025 hasta el 18 de marzo de 2026—, la SEPI avaló sin fisuras la fusión de Indra con Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), que ostenta el 14,3% del capital de la cotizada y cuya propiedad corresponde a los hermanos homónimos. En nueve ocasiones documentadas, el Ejecutivo dio su apoyo explícito a esa operación sin manifestar en ningún momento preocupación alguna por la existencia de un potencial conflicto de intereses.

El 18 de marzo de 2026, la situación dio un vuelco drástico. Mediante un comunicado remitido a la CNMV, la Sepi manifestó una súbita "preocupación" por la presencia del conflicto de intereses, exigiendo su resolución fulminante como condición indispensable para seguir adelante con la fusión. De facto, el mensaje era un ultimátum: o la dirección de Indra volvía a manos del Gobierno o la operación moría. El efecto fue instantáneo. Apenas unas horas después, EM&E retiró su propuesta de integración ante la hostilidad de su "persuasivo" y poderoso socio. Esta maniobra provocó un terremoto en el mercado. La acción de Indra se desplomó entre un 12% y un 19% y se........

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