Cuando los bombardeos israelíes y norteamericanos contra Irán comenzaron, hace dos semanas, el escenario optimista era un cambio inmediato de régimen como ocurrió en Venezuela. Estas dos semanas han demostrado que, si se quiere un nuevo gobierno en Irán, habrá que asumir el envío de tropas sobre el terreno, y no precisamente pocas, las inevitables bajas, y daños considerables sobre la industria petrolera, iraní y de los países del Golfo, y sobre todo un corte de tráfico prolongado en el Estrecho de Ormuz, la principal arteria energética del planeta.

Para Israel, el objetivo de acabar con el régimen de los Ayatolás es existencial, dado que el primer objetivo del régimen iraní es acabar con Israel, directamente con armas nucleares, o fomentando cualquier ataque contra Israel, como los de Hezbollah en el Líbano, o el combate sin reglas que inició Hamas el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, Israel no tiene capacidad para hacerlo por su cuenta. Por otra parte, la Administración Trump no parece estar dispuesta a emplear masivamente tropas terrestres, ni tampoco a asumir las inevitables bajas, ni a desencadenar una crisis energética global, que también afectaría a la economía norteamericana.

Todo esto debería llevar a algún tipo de negociación o acuerdo. Sin embargo, la negociación va a ser complicada por varias razones. Por una parte, porque los líderes iraníes están muertos. Además, el hijo y sucesor de JameneÍ está gravemente herido, y por tanto incapacitado para negociar. Por otra parte, ambas partes, Irán y Estados Unidos deberían estar convencidos de que continuar las hostilidades les creará muchos más problemas que ventajas. Y, entre tanto, el estrecho de Ormuz seguirá prácticamente cerrado para casi todos los buques.

Además, incluso si este escenario optimista, que la guerra terminase en días o semanas, se materializase, esto dejaría a prácticamente todo el mundo en una posición peor que la de hace dos semanas. Por una parte, el régimen de los Ayatolás habrá perdido a su líder Supremo y a buena parte de su cúpula militar, pero habrá salido reforzado, aunque el país quede destrozado. Cuando se trata con un régimen fanáticos religiosos, lo primero que hay que tener presente es que el asesinato del líder, o de parte de la cúpula, no crea un vacío de poder, sino que crea mártires. Tras los ataques, está claro que el régimen iraní puede sobrevivir a los asesinatos y a los bombardeos. Y aunque hay protestas, que previamente fueron reprimidas, la sensación generalizada es que no merece la pena asumir riesgos y muertes, porque no habrá cambio de régimen.

Además, el arma más importante del régimen iraní no es el proyecto nuclear, que ya nadie verificará, sino su capacidad para cerrar el Estrecho de Ormuz. En el supuesto optimista de que se alcance un alto el fuego, nadie sabe cuánto va a durar, y probablemente haya atentados y actos terroristas en toda la zona. Aunque se reabra el estrecho de Ormuz a todos los barcos, en los próximos meses habrá una prima de riesgo geopolítica, tanto en el gas como en el petróleo. Esto sólo se podría compensar levantando, aunque fuese parcialmente, las sanciones al gas y al petróleo ruso. Esto quiere decir que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos tendría un ganador fundamental, la Rusia de Putin, y otro perdedor, Ucrania. Además, Estados Unidos, y todos los países del Golfo intentarán reponer todos los sistemas de defensa antidrones y antimisiles tan pronto como puedan. Y por supuesto, todos ellos, también Irán se rearmarán. Como Ucrania depende de la ayuda occidental, los envíos de material bélico, especialmente del más sofisticado, se ralentizarán.

Para Europa y para España en particular, las consecuencias de una guerra prolongada serían, con mucho, el peor escenario desde un punto de vista económico. Somos algo menos dependientes del petróleo y el gas que en anteriores crisis energéticas, y además, importamos poco gas y petróleo del golfo pérsico. Sin embargo, hay otros países consumidores que sí importan los hidrocarburos desde allí. Si el estrecho de Ormuz sigue cerrado para todos los barcos mucho tiempo, los precios del gas y el petróleo se dispararán.

Pero, incluso aunque la guerra concluyese a corto plazo, estas semanas de guerra en Irán nos han afectado, y, sobre todo, han puesto de manifiesto algunas vulnerabilidades importantes de nuestra economía, que agravarían el deterioro de la economía española si la crisis en Oriente Medio se prolongase.

En primer lugar, habría que plantearse si hemos tomado las decisiones más adecuadas en cuanto a política energética. Por una parte, la electrificación de la economía sigue siendo una cuestión en la que no hemos avanzado lo suficiente. En España hay muchas renovables instaladas, pero hay problemas en el acceso a la red eléctrica, por falta de inversión. Esto, a su vez, está retrasando tanto proyectos industriales y empresariales, como los centros de datos, como el desarrollo y construcción de nuevas viviendas, que necesitamos imperiosamente. Pero, además, el respaldo de las energías renovables sigue siendo el gas natural. O más bien, desde el apagón, el uso del gas, y el precio que pagamos por usarlo, una luz más cara, no ha dejado de aumentar.

La alternativa al respaldo del gas es la energía nuclear. Hace unos días, hasta la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen reconocía que había sido un error estratégico de los Estados de la UE el abandono de la energía nuclear. Eso sí, algunos estados, como Alemania se equivocaron mucho más que otros, como ya comenté en elEconomista.es en 2021, antes de la invasión rusa de Ucrania. Curiosamente, Von der Leyen fue ministra en todos los gobiernos de Merkel, que cerraron estas plantas para sustituirlas por gas ruso. Sin embargo, el gobierno español sigue manteniendo sus tesis antinucleares, cuya consecuencia es aumentar nuestra dependencia del gas, y de su precio.

El deterioro de la relación política con la Administración Trump nos puede pasar factura, también en el terreno energético. Nuestro principal proveedor de gas ahora es Estados Unidos, después de que nuestra relación con nuestro antiguo primer proveedor, Argelia, esté muy deteriorada. Por supuesto, Estados Unidos se puede replantear la ubicación de las bases respecto a aquellos países que no sólo no se las dejan utilizar, sino que hacen bandera de oponerse a sus políticas, lleven razón o no.

Por último, la capacidad para tomar medidas fiscales que palíen el coste de esta crisis energética para ciudadanos y empresas es muy limitado. Por una parte, el gobierno no tiene mayorías ni ha sido capaz de presentar un presupuesto en tres años. Además, ahora, a diferencia de 2022, las reglas fiscales de la UE siguen vigentes. Y tenemos más deuda pública que entonces, y seguimos teniendo un déficit, según los últimos datos, por encima del 3% del PIB.

Por otra parte, contra lo que señalan muchos comentaristas, el Estado no se está apenas beneficiando del aumento de los precios de los carburantes. La mayor parte del coste fiscal de un litro de gasolina o gasóleo es fijo. Es el impuesto especial de 47,3 céntimos en la gasolina y 37,9 céntimos del gasóleo, tipos que no se han modificado desde 2019. El Estado sólo se recauda un 17,3% del aumento del precio, vía IVA (0,21 entre 1,21), y de aquí el 50% de la recaudación irá a las CCAA.

Por descontado, la recaudación de impuestos se dispararía, al menos en un primer momento, si la guerra continuase, la destrucción se agravase y entrásemos en una espiral inflacionaria. Sin embargo, los efectos negativos en el crecimiento y el bienestar de los españoles, del resto de los europeos, y de casi todo Occidente serían enormes. Por eso, habría que esperar que se siga el viejo principio de que cuando se puede imponer la voluntad, se impone y cuando no, se negocia.

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