Uriel Escobar Barrios, M.D.

En los últimos días, Colombia ha sido testigo de una escalada de agresividad verbal que sacude las bases de nuestra convivencia democrática. La alocución presidencial del 15 de julio de 2025 encendió nuevamente los ánimos. El presidente Gustavo Petro, con tono vehemente, arremetió contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS), a las que acusó de ser responsables de “millones de muertes evitables”. No dudó en calificar al dueño de Keralty como un “criminal” que debería salir del país, ni en acusar a expresidentes y sectores políticos de haber construido una maquinaria para robarle la salud al pueblo. Estas declaraciones, lejos de generar un debate técnico o jurídico sobre la situación de la salud en Colombia, desataron una ola de reacciones igual de ofensivas. Algunos políticos respondieron en redes sociales calificando al mandatario de “trastornado mental” y “drogadicto”, utilizando etiquetas profundamente estigmatizantes, que además refuerzan los prejuicios hacia las personas con trastornos mentales o con antecedentes de consumo problemático. Se pasó rápidamente del debate público a la agresión personal, de la argumentación a la descalificación absoluta.

¿Es así como se deben debatir las diferencias en una democracia? ¿De verdad creemos que la única forma de expresar un desacuerdo legítimo es a través de insultos, estigmas y humillaciones? Esta forma de relacionarnos en el espacio público refleja una condición más profunda: la intolerancia que ha comenzado a recorrer el alma nacional. No se trata de evitar la confrontación; en una sociedad........

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