A la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la han señalado constantemente de tener vínculos con esquemas de lavado de dinero. Incluso su visa norteamericana fue cancelada aparentemente por esa razón; no pasó nada. A Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, se le acusa por parte del Mayo Zambada de haber organizado una reunión en donde Héctor Melesio Cuén (principal rival político de Rocha) fue asesinado y el Mayo secuestrado y llevado a Estados Unidos; tampoco pasó nada. Existen muchísimos señalamientos contra Mario Delgado, secretario de Educación, de estar involucrado en actividades relacionadas con el huachicol. No ha pasado nada. Lo mismo ocurre con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

Sin embargo, cuando se descubre que hay agentes norteamericanos en territorio nacional, llevando a cabo actividades de cooperación (algo que la Presidenta siempre ha promovido), entonces se le acusa, se le señala, se le condena y se le golpea políticamente a la gobernadora de esa entidad, acusándola de traición a la patria, entre otras cosas.

En primer lugar, creo que el Gobierno Federal estaba consciente de la presencia de agentes norteamericanos de la CIA en México. El Gobierno Federal tiene la autoridad migratoria a su cargo; es decir, sabe quién está en el país. Igualmente, las fuerzas castrenses participaron en el operativo de destrucción del narcolaboratorio, pues ese es un tema de competencia federal. Quien establece los canales de comunicación con las agencias extranjeras es el gobierno federal. Tienen canales diplomáticos abiertos y tienen al Ejército haciendo labores contra el narco. Pretender responsabilizar al gobierno de Chihuahua de la presencia de dos agentes norteamericanos me parece un exceso, pues es casi seguro que el Ejército........

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