Si ya la expulsión a EU de los 92 delincuentes detenidos en las cárceles mexicanas, sin sustento en marco legal alguno, constituyó, además de una tremenda pifia, la más clara evidencia de la extrema subordinación del gobierno de la república a las autoridades norteamericanas, la detención del canadiense Ryan Wedding rebasa todo lo anterior.

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Por si fuera poco, la declaración del Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para explicar las razones de la expulsión de los 37 delincuentes enviados a los EU el pasado 21 de enero van más allá, es el pleno reconocimiento del gobierno de Claudia Sheinbaum de su incapacidad para impedir que los trasladados atenten contra la seguridad de los mexicanos.

Si ya en el primer ‘envío’, García Harfuch lo había referido a los márgenes de seguridad en los penales, la declaración más reciente fue más allá.

Se reconocen incapaces a tal grado que entonces deben acudir a los norteamericanos para que los suplan en tareas tan definitivas, en las que ninguna fuerza política llegada al gobierno podría, si lo declara, continuar al frente de la administración.

Ya antes, en la detención de distintos jefes delincuenciales y su expulsión se antojaban medidas desmesuradas debido a que los delitos por los cuales las autoridades norteamericanas los buscaban se habían cometido en México y, por tanto, serían los gobernantes mexicanos los que debieran procesarlos, pero, y no es de ahora, en muchísimas ocasiones los gobernantes mexicanos cedieron sus facultades y responsabilidades a las de EU.

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La soberanía no es solo impedir que tropas extranjeras osaran ‘hollar’ ‘suelo nacional’, -como parece concebirlo, no solamente la mandataria mexicana, sino infinidad de sus seguidores-, sino que nuestro país asuma decisiones soberanas y una de ellas, fundamental, es que preserve el estado de derecho y sea el garante de la aplicación de la legalidad vigente.

Si no lo hace habrá empedrado el camino para la preservación y profundización de la ola delictiva.

Así lo declaró García Harfuch: “Todas ellas eran [las 37 personas] requeridas por las autoridades de ese país por contar con procesos jurídicos en........

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