Desde hace más de dos años, el colectivo cívico por la defensa de las vías del Café y la Veeduría de Autopistas del Café han denunciado las implicaciones de la Iniciativa Privada Conexión Centro (IPCC), propuesta desde 2021 por el Grupo ARGOS – Odinsa que busca extender por 30 años más la operación de siete peajes en la región. El proyecto, presentado como una solución de infraestructura moderna, esconde bajo su carpeta técnica un modelo financiero regresivo, opaco y profundamente inequitativo.

En lugar de abrir el debate sobre los ingresos acumulados por peajes, las utilidades del concesionario y el costo real que asume la ciudadanía, Mauricio Vega —gerente de Autopistas del Café— ha preferido instalar una narrativa cómoda y populista de élite para garantizar su apoyo: “las vías concesionadas son mejores que las que administra Invías”. Esta afirmación, repetida por sus aliados en medios y foros, no busca esclarecer sino distraer. No pretende rendir cuentas, sino evitar que se pidan.

Vega ha insistido en que el modelo IP permite ejecutar obras sin que el gobierno “ponga un solo peso”, como si eso fuera sinónimo de eficiencia. Pero lo que realmente significa es que el costo lo asume la ciudadanía, peso a peso, en cada peaje. Y lo asume sin saber cuánto se ha recaudado, cuánto se ha invertido y cuánto se ha ganado. Lo asume sin control público, sin auditoría ciudadana, sin redistribución equitativa de las obras. Vega exalta la garantía de la autosostenibilidad mientras evita detallar el modelo financiero que depende 100% de ingresos de 7 peajes. La........

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