Lina María Arango Dávila

En 2019, ante la finalización de la Concesión de Occidente, comenzó una disputa por el control del peaje Cerritos II, uno de los puntos de recaudo más estratégicos del occidente colombiano. Empresas con interés genuino en invertir en la región y otros actores cercanos a Autopistas del Café, conscientes de su potencial financiero y su ubicación clave entre Risaralda y el Valle del Cauca, no fueron ajenos a la disputa. La puja incluyó modelos de concesión, operación directa y esquemas de asociación público-privada. Finalmente, tras meses de deliberación se impuso la propuesta liderada por Findeter, Invías y las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca, quienes en octubre de 2021, firmaron el contrato Vías del Samán como un convenio interinstitucional a 20 años financiado con el recaudo del peaje. Los problemas históricos y malestar causados por el peaje; su traslado, desmonte o reducción de tarifa, nunca fue tomado en serio por los líderes y gobernantes del momento. La tarifa quedó igual de cara y la ciudadanía fue ignorada. !El negocio es el recaudo!

En ese mismo mes, el Instituto Nacional de Vías (Invías) firmó el Contrato 1702 con la Unión Temporal Peajes Nacionales, liderada por KMA Construcciones (Menzel Amín), para administrar el recaudo de 35 peajes en el país (Según INVÍAS fue $666.535 millones en 2024). KMA tiene además 5 concesiones viales que consolidan el recaudo de 17 peajes (Según ANI fue de $514.158 millones en 2024), dos de ellas firmadas en el actual gobierno y que reencaucharon la ruta del Sol 2, suspendida por el escándalo........

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