En 2021, Cementos Argos fue reconocida por su alianza con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) por promover comunidades sostenibles y resilientes en Colombia. El discurso empresarial hablaba de paz, desarrollo alternativo y compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, ese mismo año, su filial en Estados Unidos aceptó pagar una multa de 20 millones de dólares tras una investigación del Departamento de Justicia por transgredir la Ley Sherman, que prohíbe prácticas de monopolio y colusión en licitaciones. En Colombia, Argos fue sancionada por la Superintendencia de Industria y Comercio por cartelización empresarial al manipular precios del cemento entre 2010 y 2013 y que causó la quiebra de Cementos Andino y que la obligó a vender sus activos a Argos. Durante el gobierno Petro, el Grupo Argos y Odinsa ha triplicado sus ganacias netas mientras se negocian proyectos como la IP Conexión Centro, que prolongaría el control de peajes en el Eje Cafetero por 30 años más; peajes que son fuente de conflicto social. Este contraste entre el discurso de sostenibilidad y prácticas anticompetitivas revela una estructura empresarial que, mientras promueve la paz en foros internacionales, reproduce dinámicas que afectan la equidad y la competencia en los territorios.

Esta semana, dos noticias expusieron con crudeza esa contradicción. La primera, el fallo contra siete directivos de Chiquita Brands por financiar el paramilitarismo en Urabá. Durante años, la multinacional transfirió millones de dólares a las AUC, disfrazados como pagos por “seguridad”. Con ese dinero se cometieron masacres, desplazamientos y torturas. La empresa sabía. Los directivos sabían. Y durante décadas la dirigencia económica y gubernamental guardó silencio. La segunda noticia publicada por el Diario........

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