Los hechos como empezaron están descritos fielmente cual si fuera un diario personal, pero detallados en un documento de carácter legal, el oficio número FGE-14S-1-11580/2025 que el siete de noviembre pasado envió la Fiscalía Regional de Distrito Zona Norte al secretario de la Función Pública, Roberto Javier Fierro Duarte, cuya oficina lo recibió ese mismo día y mes a las 12:57 horas.

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El paso siguiente no requirió de ninguna descripción emocional por parte de los agentes investigadores porque los hechos relatados hablan por sí solos:

Los agentes ministeriales determinaron que los cuerpos debieron haber sido cremados entre el siete de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025, pero también descubrieron que el lugar carecía de agua potable, energía eléctrica, control sanitario; el horno estaba fuera de operación y las cámaras de refrigeración no funcionaban.

Ese hallazgo insólito puso de nuevo a Juárez en el radar del mundo como un lugar donde pueden ocurrir desde los hechos de violencia más aberrantes hasta aspectos de plano surrealistas, como la nula conciencia de un empresario por la dignidad de las personas después de muertas y defraudar sin el menor atisbo de escrúpulos a sus familias, cobrándoles altas cantidades por un servicio que ni siquiera intentaría brindar, amén de la falta de apego por la legalidad en el manejo de cadáveres.

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Aparecieron en las investigaciones de la Fiscalía del Estado dos responsables directos de semejante barbaridad y los dos fueron enviados de inmediato por los jueces respectivos al Cereso estatal tres: el dueño del lugar, José Luis A. C., y su único empleado, Facundo Teófilo M. R., quien ya murió víctima de los crónicos padecimientos físicos que le aquejaban. Falleció literalmente en la extrema pobreza. También fue víctima por décadas de su abusivo patrón.

Una vez transcurrida toda esa........

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