Julián Cárdenas

Supongamos que un país entero, instituciones, burocracia, justicia, fuerzas armadas y de policía, se ponen al servicio del narcotráfico, o deciden, “hacerle pasito”. Un escenario dantesco donde el crimen deja de ser un problema para convertirse en el orden establecido. Bajo esa hipótesis, ¿se acabarían la guerra, las muertes y la destrucción social asociadas al negocio de la droga? Esa parece haber sido la tesis implícita de algunos líderes políticos en México y, como nos consta y duele, también de varios de los nuestros, principalmente de Gustavo Petro: si no se pelea contra el narco, quizá el narco deje de pelear contra el Estado.
Pero la historia demuestra lo contrario.
Lo supe de primera mano hace treinta años. En 1994 presté servicio como auxiliar bachiller en la Policía. Una de las escenas más devastadoras de ese año ocurrió en el Parque Olaya. Llegamos por un llamado que advertía una riña con arma blanca. Allí encontramos a un hombre llorando, empuñando un cuchillo contra un joven indigente, consumido por la droga. Horas después supimos que aquel muchacho era su hijo. Nunca he olvidado la mezcla de horror, amor y desesperación en el rostro de ese padre. Su tragedia desmiente cualquier romanticismo: el narcotráfico no solo mata en las montañas; destruye familias desde adentro, las descompone, las despedaza.
Por eso resulta irónico, y moralmente ofensivo, que gobernantes que se autoproclaman “cercanos al pueblo”, como AMLO, Claudia Sheinbaum o Gustavo Petro, actúen como si esa cercanía incluyera aproximarse a estructuras criminales. No es así. Nunca será así. Los narcotraficantes no son........

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