Archivo - Colas para acogerse al nuevo proceso de regularización de migrantes en Barcelona en una imagen de archivo / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Es un hecho que gobiernos de derecha y de izquierda han regularizado migrantes en situación ilegal en nuestro país. El actual proceso plantea legalizar la situación de más de medio millón de personas –nadie sabe la cifra exacta– que están en nuestro país en situación irregular.

La frivolidad del populismo político de hoy impide afrontar el problema de la migración desde el sentido común. Y el primer hecho que debe aceptarse, por imperio de la lógica más elemental, es que la migración no es un hecho bueno o malo per se: simplemente es inevitable. La historia del mundo se puede escribir, también, a través de los flujos migratorios voluntarios o forzosos que han ocurrido en incontables épocas. El origen de los Estados Unidos o de Australia, entre otros muchos países, está en una migración que terminó desplazando y casi extinguiendo a la población aborigen. En la actualidad, de otra manera muy distinta, los pobres del mundo siguen viajando hasta donde está la riqueza en la esperanza de tener una vida mejor.

En la derecha echan chispas porque aseguran que esta regularización masiva es una chapuza y un riesgo de seguridad. La izquierda sostiene que se trata de un acto humanitario y que los migrantes contribuirán a hacer más rica a España. Las simplezas son inagotables. Establecer que los migrantes, por serlo, son potenciales delincuentes demuestra ignorancia y prejuicio. Pero es una evidencia que en proporción a su peso poblacional (19% de la población del país, equivalente a diez millones de personas) el porcentaje de delitos cometidos por migrantes es muy alto. Para ser un chorizo no es necesario ser extranjero, como bien podemos ver en los juicios con ADN español que estos días nos entretienen. Aunque convengamos en que regularizar a los migrantes que están en prisión preventiva –pendientes de juicio–, como quiere hacer este Gobierno, tal vez sea caminar un poco por el alambre.

Otra cosa: los migrantes no hacen rico a un país. Si fuera así, el desarrollo económico sería pan comido: bastaría con abrir las fronteras de Burundi o Sudán –los más pobres del planeta– para que la riqueza les saliera por las orejas. El asunto es mucho más complejo y tiene que ver con la educación, la inversión tecnológica, los recursos naturales, el capital y, sí, también, la fuerza de trabajo, pero sobre todo la más cualificada.

El problema de España y de gran parte de Europa es que no han tenido políticas migratorias coherentes. Medidas basadas en recabar el talento y la fuerza de trabajo que se necesita y vincular la residencia a las necesidades y demandas de cada sector de la economía. Las políticas migratorias deben ser una mezcla de flexibilidad y rigor. Expulsión inmediata de la migración ilegal y de los delincuentes, pero con permisos de trabajo rápidos y eficaces para cubrir las necesidades del mercado de trabajo.

La postura de abrir los brazos a los pobres del mundo es un imposible infantil que no merece mucho comentario. La de pensar que se puede prohibir la entrada de todo el mundo es simétrica en necedad. Pero el debate se mueve precisamente en variaciones de esas dos simplezas. Lo normal, en el deterioro cognitivo que padece nuestra política contemporánea.

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