La presidenta de Junts, Laura Borràs.

Las instituciones no se deterioran de golpe. Rara vez se rompen mediante una gran decisión o un gesto espectacular. Lo hacen de otra manera, mucho más discreta: desplazando poco a poco los límites de lo que una sociedad considera aceptable. Lo que ayer parecía excepcional termina convirtiéndose en habitual. Y lo que en otro tiempo habría provocado un escándalo acaba formando parte de la normalidad política. Eso es precisamente lo que acaba de ocurrir con el derecho de gracia. El indulto nunca fue concebido como una segunda instancia judicial ni como un recurso para corregir sentencias. Era una excepción. Una válvula de escape prevista para circunstancias extraordinarias, cuando la aplicación estricta de la ley podía conducir a una injusticia mayor que el propio delito. Su legitimidad descansaba precisamente en su carácter excepcional. Cuanto menos se utilizaba, mayor era su autoridad moral. Y ese equilibrio empieza ahora a resquebrajarse.

El Gobierno ha concedido el indulto a Laura Borràs, condenada por corrupción en la adjudicación irregular de contratos públicos, y también a dos dirigentes socialistas igualmente condenados por delitos de corrupción. Es un dato relevante. Porque la medida deja de poder explicarse únicamente como un gesto........

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