El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, durante un desayuno, en el Ateneo de Madrid / Eduardo Parra - Europa Press

Cuando algo es indefendible, lo más inteligente es no defenderlo. Esa es la elección de la ponencia del Constitucional sobre la amnistía. No dice que sea una buena ley, ni justa, ni útil, ni que mejore la convivencia. No se pronuncia sobre las razones del Gobierno para aprobarla ni sobre sus consecuencias. Se limita a decir que no es inconstitucional. Y que, como el Parlamento puede legislar sobre lo que quiera –siempre que no lo prohíba expresamente la Constitución–, pues eso.

La magistrada Montalbán ha necesitado casi doscientas páginas para no decir nada esencial sobre el contenido político y moral de una ley que fractura al país. Ni una palabra sobre el contexto en que se aprueba: una investidura que depende de los votos de los mismos beneficiarios de la norma; la conversión del Congreso en notaría de intereses particulares. No se valora la intención del legislador, dice la ponencia, porque eso no forma parte del juicio de constitucionalidad, y el tribunal no está para eso. Tampoco se necesita –añade– una razón especial de justicia para la amnistía. Basta con que el legislador la quiera, le parezca bien o le convenga.

La magistrada tiene razón: el problema con la amnistía no es jurídico, es democrático. Su ponencia........

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