Dos personas migrantes entran en una oficina de Correos de la capital grancanaria para realizar el trámite de regularización. / ANDRES CRUZ

La mayoría de la ciudadanía española ha estado a favor de la regularización extraordinaria de migrantes ya residentes en España. Es una mayoría no aplastante pero generosa, que cree –y con razón– que nos irá mejor si los migrantes son legalizados, disfrutan de derechos laborales y sociales y pagan sus impuestos, y desde esa posición jurídica consolidada puedan acceder a la ciudadanía desde 2036. Lo que sin duda no esperaban es que el proceso de regularización acumulara 1.174.987 solicitudes: el doble de las previstas en su día por el Gobierno español (en Canarias 37.525). Es para sufrir un pequeño ataque de nervios, porque las cifras demuestran –de nuevo– un procedimiento basado en la improvisación, la desidia, la chapucería buenista. Un Gobierno debe decidir y adoptar una regularización excepcional sobre una cifras creíbles que permitan cierta planificación. Pero todo se ha hecho........

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